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La Fiscalía consideró una coartada la manera como pretendían quitarle la vivienda a Edgardo Pabón.
3:17 pm. Jueves 10 de Diciembre de 2015
Acusado gerente de Cable Express por querer 'quitarle' casa a un anciano
3:17 pm. Jueves 10 de Diciembre de 2015
También estaría implicado su abogado. Se les acusa de presuntos delito de fraude procesal.

El gerente de la empresa Cable Express, Roberto Arturo Salazar Rojas, y su abogado, Jairo Garzón Rocha, deberán comparecer a un juicio como presuntos responsables del delito de fraude procesal, por querer apoderarse fraudulentamente de una vivienda, ubicada en el barrio La Unión de Barranquilla, propiedad de un anciano.

El juicio de ambas personas fue ordenado por la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia, que dispuso proferir resolución de acusación a fin de que Salazar Rojas y Garzón Rocha respondan por la comisión del fraude delictual, ya que en desarrollo de la investigación se obtuvieron pruebas que permiten asegurar que el proceso civil que adelantaron estas dos personas contra el anciano Edgardo Pabón Medina, para apoderarse de su vivienda, no proviene de una actividad lícita.

Según la investigación, las dos personas acusadas lograron embargar con engaños a Pabón Medina, a quien le hicieron firmar una letra bajo el pretexto de que el título valor respaldaría el empleo que tenía su sobrino Alexander Pabón dentro de la empresa Cable Express.

Las pesquisas permitieron establecer que esa no era la verdad, sino que dentro de la empresa de televisión se detectó un millonario faltante, se responsabilizó del mismo al sobrino del anciano, y los acusados, llenando el título por la suma de $28 millones, trataron de “hacer justicia con sus propias manos” disfrazando los hechos como si se tratara de una deuda lícita.  

La vivienda del longevo fue embargada a través de un proceso ejecutivo, dentro del cual el gerente y su abogado sostienen que la cuantiosa suma de dinero proviene de un préstamo que la empresa le hizo al sobrino del anciano. Para la Fiscalía, tales hechos constituyen una coartada en razón a que es imposible que una empresa le autorice un crédito de $28 millones de pesos a un empleado que devengaba un salario mínimo mensual y le de un corto plazo de dos meses para cancelarlo. 

La Fiscalía Delegada, para cobijar con acusación al gerente y su abogado, debió revocar una preclusión que en primera instancia había favorecido a las citadas personas. “Yo creo en la justicia, y a estos dos señores deben ser castigados. Yo no puedo perder mi casa, el único bien que tengo para vivir con su familia, y que lo obtuve trabajando con tanto sacrificio como taxista”, dijo el dueño del inmueble Edgardo Pabón. 

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