Unas tres mil actividades investigativas para lograr las condenas a 23 años y 6 meses contra cuatro de los cinco capturados por el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, realizó el grupo de detectives que bajó la dirección de la Fiscalía General de la Nación, logró esclarecer la ejecución material del crimen, ocurrido el 10 de mayo en Barú.

Barbosa destacó todo el trabajo efectuado por unidades del CTI de la Fiscalía, la Dijin de la Policía Nacional bajo el liderazgo de tres fiscales especializados.

Las penas en realidad correspondían a 47 años de prisión, y así la impuso el juez, pero de acuerdo con la dosificación de la pena por la aceptación de la responsabilidad de los hechos que hicieron los procesados, la sentencia se redujo a 23 años y 6 meses, tal como contempla la ley en estos casos en que hay allanamiento a los cargos.

Se contempla esta reducción de la pena como un beneficio por la economía procesal que representa para el aparato judicial.

El Fiscal General, Francisco Barbosa, se mostró muy complacido con los resultados que consiguió su equipo investigador y además la drástica condena a los confesos asesinos.

“Todo nuestro despliegue permitió el esclarecimiento del asesinato en apenas 22 días, y en tan solo 38 días obtuvimos condena contra los responsables”, sentenció el alto funcionario.

El funcionario destacó además que “durante la audiencia los procesados pidieron perdón a la sociedad y a la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”. 

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego agravado.

Los cobijados con la sentencia son: el venezolano Wendre Still Scott Carrillo, responsable de disparar una pistola 9 mm que le quitó la vida al fiscal paraguayo.

Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, un cartagenero encargado del transporte y logística de los asesinos.

Marisol Londoño Bedoya, junto con su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, responsables de las labores de inteligencia contra Pecci y su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

Aún queda un cabo suelto, el exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, quien está capturado y es considerado el articulador del crimen, pero que se ha declarado inocente y no se allanó a los cargos.

Todos los procesados fueron capturados en Medellín y su Área Metropolitana, región donde planificó el complot criminal.