El exgobernador del Magdalena (e), Francisco José Infante Vergara, fue condenado a 15 años, 8 meses y 6 días de prisión, a pagar 2.589 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, y una multa equivalente a 1.153 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fue hallado culpable por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, tras ser vencido en juicio por la Fiscalía, en un entramado de corrupción  "que direccionó indebidamente y se apropió de los recursos de un contrato destinado a la toma de muestras para detectar el VIH". 

"El fallo precisó que el exmandatario es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Adicionalmente, indicó que la pena deberá hacerse efectiva en centro carcelario, por lo que ordenó su captura inmediata", señaló la Fiscalía en un comunicado. 

Según la Fiscalía, "la investigación dirigida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que Infante Vergara, mientras ejerció como gobernador en encargo, dio vía libre para la celebración irregular del contrato 372 de 2007, por 443 millones de pesos, que tenía por objeto la toma de muestras de sangre para detectar del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a 4.000 habitantes de sectores vulnerables del departamento".

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Así las cosas, "se estableció que el exmandatario permitió que fuera celebrado el contrato con un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud, que además había presentado una oferta comercial por encima de los precios de mercado, no contaba con personería jurídica ni experiencia mínima, infraestructura y solvencia financiera. En la fase de ejecución se ordenó el desembolso de un anticipo del 50% del valor del contrato. Este dinero fue consignado a una cuenta distinta a la registrada por el IPS". 

Finalmente, el contrato fue liquidado y pagado en su totalidad.

"Como sustento se aportaron certificaciones que daban cuenta de la atención total de la población a beneficiar; sin embargo, 1.065 personas no fueron atendidas y de las 2.935 personas restantes se tomó una muestra aleatoria, la cual manifestó que nunca recibió el servicio", señaló la Fiscalía.