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El empresario Andrés Jaramillo.
9:38 pm. Viernes 23 de Julio de 2021
10 años de cárcel para el empresario Andrés Jaramillo, por el 'Carrusel de la contratación'
9:38 pm. Viernes 23 de Julio de 2021
Fiscalía y Procuraduría apelaron la decisión porque consideraban que la pena debía ser mayor.

Un juez penal del Circuito de Bogotá avaló los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y condenó a 10 años y 4 meses de prisión al empresario Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías, por el supuesto pago de dádivas para quedarse con un contrato de malla vial en Bogotá. 

En ese sentido, fue declarado responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión dispuso la captura inmediata del sentenciado para que la pena sea efectiva en centro carcelario. Asimismo, impuso una multa de 172 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad de derechos por 145 meses. 

La condena fue apelada por la Fiscalía y el representante de la Procuraduría por considerar que el empresario debería recibir una sanción penal mayor ante la gravedad de los actos irregulares detectados. 

En la investigación se constató que el señor Jaramillo López concertó el pago de 1.929 millones de pesos con algunos concejales de Bogotá y el entonces director de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para conocer de manera anticipada el pliego de condiciones de un contrato de rehabilitación y mantenimiento de malla vial en Bogotá. 

Con la información privilegiada obtenida, el expresidente de Conalvías ajustó y presentó su propuesta. Finalmente, fue favorecido con la adjudicación del contrato 078 del 8 de abril de 2010, cuyo valor ascendió a 43.515 millones de pesos y contempló obras de mejoramiento de las vías de varias localidades de Bogotá. 

La Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV), entidad que celebró el contrato, autorizó dos adiciones presupuestales al citado contrato por 19.234 y 2.732 millones de pesos. 

La Fiscalía demostró que en todo el proceso contractual fueron vulnerados los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva establecidos en las normas de contratación vigentes para la época.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación

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