“El aparato Estatal (DAS) le fabricó un montaje para hacerlo ver como subversivo y el ilegal (AUC) ejecutó a un falso guerrillero”, concluyó la Corte Suprema cuando condenó a Jorge Noguera.

Jorge Mariano Rodríguez

El homicidio del Sociólogo Alfredo Correa De Andreis fue un típico caso de “falso positivo”, montado desde los organismos de seguridad del Estado más el apoyo de un aparato judicial puesto al servicio de las organizaciones al margen de la Ley.

Por eso, el asesinato de Correa, ocurrido la tarde del 17 de septiembre de 2004, estremeció a una sociedad angustiada por el grave accionar del paramilitarismo que sembraba el terror por todos los sectores de la Costa Caribe, con crímenes colectivos y selectivos.

El caso de Alfredo Correa De Andreis concentró la atención de la opinión pública nacional debido a la forma sistemática como se hizo un montaje para acusarlo y detenerlo como supuesto colaborador de las Farc.

Montaje en el cual participó activamente la Dirección Seccional del DAS en el departamento de Bolívar, así como  la Fiscalía 33 de Cartagena y los jueces que tuvieron conocimiento del caso. Lo más grave del hecho fue que todo surgió de una componenda que involucró al entonces Director Nacional del DAS, Jorge Noguera Cotes, y su equipo cercano de inteligencia, con quien fungía como jefe del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

Es decir, el máximo organismo de inteligencia del Estado al servicio de las organizaciones criminales.

Las pruebas de la defensa demostraron y desvirtuaron todas las acusaciones formuladas contra Correa De Andreis, quedando en evidencia la utilización de los falsos testigos que entregaron las versiones en contra del reconocido Sociólogo costeño, quien gozaba de gran reconocimiento en las aulas universitarias donde se desempeñaba como catedrático.

Con el montaje, Alfredo Correa fue detenido el 17 de junio de 2004 y dejado en libertad el 15 de julio del mismo año, por falta de pruebas.

Sin embargo, la libertad que le fue decretada produjo más problemas que tranquilidad, tanto para Alfredo como su núcleo familiar.

El temor por su vida y la de sus familiares se apoderó de Alfredo Correa. El presentimiento de algo malo contra su integridad lo hizo saber al entonces Presidente Alvaro Uribe Vélez, en sendas cartas que le dirigió los días 20 y 29 de junio. Pero sus súplicas no fueron atendidas por el mandatario de la época, algo similar como lo ocurrido con el Alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, quien finalmente fue asesinado, siendo condenado el exgobernador Salvador Arana Sus como determinador.

Con Correa sucedió lo mismo. La falsa e injusta acusación del delito de Rebelión prácticamente le puso la lápida. A los dos meses de recuperar la libertad, las balas criminales acabaron con su vida, cerca al lugar de su residencia. También resultó muerto su escolta Edelberto Ochoa Martínez.

En la misma ejecución del homicidio también quedó evidenciado el apoyo desde la Estación El Prado, de la Policía, a cuyo cargo estaba la seguridad en la jurisdicción donde asesinaron a Correa, y desde donde se habría coordinado dejar libre la zona para facilitar el accionar de los criminales. Además,  el CAI del Tomás Arrieta, cuyo turno sacó a relucir la excusa de que no pudieron atender a tiempo el caso porque las motocicletas estaban sin gasolina.

En el caso de Correa, bien vale la pena recordar un aparte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró a Jorge Noguera Cotes como autor mediato de la muerte del Sociólogo costeño: “En medio de dos aparatos organizados de poder se encontraba Alfredo Correa De Andreis: uno Estatal -el Departamento Administrativo de Seguridad-, en cuya cúpula se encontraba Jorge Aurelio Noguera Cotes, y otro ilegal –el Bloque Norte de las Autodefensas- comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Mientras el primero a través de sus funciones de inteligencia y de Policía Judicial, fabricó un montaje para hacerlo ver como subversivo, el segundo ejecutó a un falso guerrillero”.

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