Se siguen sumando las voces a favor y en contra del borrador que analiza la Alcaldía de Cartagena para que el horario de los establecimientos nocturnos sea hasta la 1 a.m.

La administración distrital asegura que esta sería una de las medidas para prevenir delitos como atracos y homicidios en la zona turística de la capital de Bolívar.

Pero si bien los comerciantes afiliados a Asobares y Fenalco Bolívar han expresado su desacuerdo porque muchos negocios tendrían que cerrar o recortar al menos 6.000 empleos, los vecinos del Centro Histórico salieron en defensa de la propuesta de la Alcaldía.

Lo hicieron a través del Colectivo de residentes somos Centro Histórico que calificó como “afortunada” la medida porque están cansados de la constante perturbación de que son víctimas quienes tienen un inmueble en esa zona de la ciudad.

El colectivo ha insistido ante la Alcaldía parea que los permisos para negocios nocturnos sea hasta las 12 de la medianoche.

Aseguran los vecinos que el nuevo horario sería sinónimo de seguridad y orden público, y al mismo tiempo, se protege la actividad turística que generan unos 300 mil empleos.

Aprovecharon para recordar la urgencia de reglamentar el Distrito especializado por fuera de barrios residenciales para ofertar, entretenimiento nocturno para adultos y así contribuir a un turismo más responsable con el Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad.

Plantean que en esta misma normatividad sean incluidas las casas de alquiler turístico que se destinan para la rumba, pues ellas no están reguladas y en oportunidades son fiestas que duran hasta tres días.

“Primera vez que un gobierno defiende los derechos de los ciudadanos por encima de los interese económicos particulares, lo cual se considera un avance hacia una sociedad respetuosa, como pasa en otros lugares del mundo donde el Patrimonio Cultural y de la Humanidad es respetado y regulado”, añadieron.

Expresan su preocupación porque el Centro Histórico se convirtió en una zona “tenebrosa” con graves problemas de inseguridad, microtráfico, prostitución y explotación sexual con menores y adultos; el uso irregular del espacio público y la contaminación sonora, entre otros.