“La valorización ni es un piloto, ni es antitécnica, ni ilegal o inequitativa”, así lo aseguró este martes la ministra de Transporte, María Constanza García, quien le salió al paso a los señalamientos que ha recibido este proyecto que se pretende implementar y cobrar sobre 147.000 predios ubicados en el eje vial Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

La alta funcionaria señaló que desde el sector transporte se ha venido trabajando en varios aspectos que le permitan activar el cobro de Contribución Nacional de Valorización.

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Indicó que este proyecto no es un piloto y que por el contrario el cobro de valorización fue creado en 1921 y asimismo aplicado en 44 proyectos de orden nacional.  Contó que para 2003 este gravamen quedó suspendido por un fallo de la Corte de Constitucional y que para el año 2016 se logró nuevamente introducirlo en el marco normativo con la ley de reforma tributaria.

“La valorización ni es un piloto, ni es antitécnica, ni ilegal o inequitativa. No es ilegal, porque obedece a un marco regulatorio, ya lo hemos dicho la ley 1819 de 2016 establece la posibilidad del cobro de valorización, establece el método para poder cobrar la valorización.  No es inequitativa porque responde a la capacidad de pago y este ejercicio de tener una base de 248.000 predios, de haber establecido las excepciones y los excluidos nos lleva que se va a cobrar sobre 147.000 predios”, argumentó.

García subrayó que este proyecto tampoco es antitético, porque -según dijo- recoge una metodología que está expresa en las normas.

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“La norma nos dice que se estime los beneficios, que se puede cobrar hasta el beneficio, definir la capacidad de pago y que el cobro no puede estar más allá de la capacidad de pago. Establecimos que podíamos cobrar los beneficios hasta el valor de las obras y de ahí sale esta referencia de los $2.4  billones, pero cuando establecemos los descuentos por excluidos de las exenciones, llegamos a un recaudo efectivo de $1.2 billones”, apuntó la ministra.

La jefa de la cartera de Transporte sostuvo que la valorización no busca cobrar el valor que finalmente termina invirtiéndose para poder hacer una obra, sino el cobro del beneficio que se genera en el valor del suelo por cuenta de las inversiones que se hacen.

Aclaró que la contribución “no es un impuesto” y que por el contrario se define el beneficio que estas obras están generando sobre un área de influencia, así como también se debe valorar la capacidad de pago de quienes se declaran sujetos pasivos de esa valorización.

"En el caso del proyecto Barranquilla - Cartagena se identifica una base predial un poco más de 248 mil predios, pero una vez se hace toda la métrica y la estimación, se establece que 147.000 de esos predios son los que van a terminar siendo objeto del cobro de valorización”, anotó.

Entretanto, Juan Carlos Montenegro, director del Instituto Nacional de Vías (Invías), precisó que entre los métodos para el cobro de valorización se seleccionó el método de avalúo ponderado por distancia, el cual -según dijo- permite identificar aquellos predios que hayan resultado beneficiarios de la obra y en función de su conectividad con el proyecto y su distancia se establece el porcentaje en el cual se le cobraría el beneficio recibido.

“Es importante mencionar que estratos 1, 2 y 3 para predios habitacionales, los propietarios que estén calificados en Sisbén A y B y las unidades agrícolas familiares son los predios que no tendrán Contribución Nacional de Valorización en este proyecto. Son cerca de los 147.000 predios que en los cuales la irrigación del beneficio no será transferida al propietario de estos predios, será asumida por el Gobierno Nacional”, mencionó Montenegro.

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El director del Invías indicó que actualmente el proyecto está en etapa de socialización y posteriormente se establecerán las condiciones del cobro que será repartido hasta el próximo año y el pago respectivo en el mes de marzo.

Por su parte, Francisco Ospina, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aseguró que el cobro de la valorización pretende recuperar valor de lo que se generó en estos territorios (Atlántico y Bolívar) para poder reinvertir y redistribuir en otras zonas del país.

“Vamos a estar por lo menos 10 años más teniendo que hacer giros anuales en vigencias futuras a los diferentes proyectos de infraestructura para retribuir las grandes inversiones que se han realizado y es ahora una responsabilidad del sector transporte seguir buscando fuentes de financiación basado en las mismas inversiones que ya se realizaron en estos tramos concesionados”, dijo.

Indicó que las obras que se han desarrollado en este tramo y en otros en el país corresponden a necesidades puntuales de infraestructura para atender los tráficos de camiones, buses, vehículos particulares y motos que transitan las vías nacionales.

Precisó que las obras que se desarrollaron en este tramo están “terminadas”, salvo -dijo- algunos tramos puntuales en la unidad funcional 3 en las que aún el Instituto Nacional de Vías está terminando unas intervenciones particulares.

“Estamos en toda la fase de operación y mantenimiento de la vía Barranquilla- Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad”, finalizó.