La Unidad Nacional de Protección (UNP) le sugirió a los beneficiarios del programa “buscar otras alternativas de viaje para sus traslados, con el compromiso de emitir los tiquetes, para los escoltas, por la empresa que elijan”, ante la decisión de Avianca de cobrar, por trayecto, la suma de $30.000 por el transporte de cada arma de los escoltas.

Este hecho ha generado preocupación desde el 22 de junio de este año cuando Avianca anunció que a partir del 1o. de julio implementaría el cobro por arma y por trayecto efectivo, por un valor de $60.000.

Ante esta situación, la UNP inició todas las gestiones correspondientes para que el transporte de armas dentro de desplazamientos de esquemas de protección, en ejercicio de su actividad, fuera exonerado de dicho pago.

Luego de una serie de comunicaciones enviadas y reuniones citadas por parte de nuestra entidad, la aerolínea, en oficio enviado el 26 de julio, comunicó que el cobro de dicho importe se haría efectivo para hombres de protección, que prestan servicio dentro del programa de protección que administra la UNP, a partir del 1o. de enero de 2018.

En respuesta a la insistencia de la gestión de la UNP, el 12 de diciembre Avianca comunicó que el costo por transporte de armas había sido rebajado a $30.000 y que, entre otras condiciones, estas deben ser transportadas en su estuche original.

“La Unidad Nacional de Protección no puede asumir este valor para cada desplazamiento aéreo de los hombres de protección. Ni la entidad ni las empresas contratistas, cuentan con los estuches originales de todas las armas de dotación, asignadas a los hombres de protección”, aseguró la UNP.​

Al respecto, el defensor de Derechos Humanos, José Humberto Torres, señaló que “a toda la situación, que de por sí ya es delicada, se suma esta novedad en el transporte aéreo; es al Gobierno y al Estado a quien corresponde tomar las decisiones que le permitan cumplir con su obligación constitucional y legal de brindar protección idónea, oportuna y eficaz a quienes lo necesiten; mal se puede pretender endosar esta nueva carga impositiva del sector privado a los protegidos y/o a los escoltas, eso es tanto como si se entregara una arma de dotación y la munición debería comprarla el escolta o el protegido”.

Puntualizó que así como el Gobierno echó mano “de las facultades y herramientas que le brinda nuestro ordenamiento jurídico para salirle al paso a la huelga de pilotos, así mismo debe acudir a esas herramientas legales para resolver esta situación creada por el dueño de este "servicio público  esencial"”.