El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda de acción popular que presentó la Procuraduría General de la Nación, con la que busca el desmonte del peaje Papiros, en Puerto Colombia.

El Ministerio Público le pide al Tribunal ordenar al Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura y el Invías, el desmonte del peaje.

El Tribunal le otorga el término de 10 días a las entidades accionadas a que contesten y soliciten las pruebas que consideren pertinentes.

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La acción popular, cuyo contenido fue conocido por Zona Cero,  fue radicada el pasado 27 de junio, es decir, cuatro días antes de que el Ministerio de Transporte anunciara la tarifa diferencial de $1.500 para iniciar su cobro el 1o. de agosto, a los vehículos de categorías 1 y 2.

No obstante, la Procuraduría pide que, mientras se resuelve de fondo la demanda, se ordene una medida cautelar que no permita el cobro en el peaje.

En pocas palabras, el Ministerio Público requiere que no se cobre la tarifa diferencial anunciada por el Ministerio de Transporte.

El órgano de control también solicitó que "se ordene a los responsables tomar todas las decisiones necesarias para la reubicación de la báscula de pesaje que se encuentra construida a un lado de la mencionada caseta, en un lugar donde no afecte el transito de vehículos, bicicletas y peatones".

Además pidió la conformación de un comité de verificación de las obras y labores para garantizar los derechos colectivos vulnerados integrado por entidades públicas, Ministerio público y privados interesados.

"Adoptar todas las medidas que fueren necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de tales derechos, en las cuales se incluyan las órdenes de hacer o no hacer que considere pertinentes la autoridad judicial, de conformidad con el caso concreto", solicitó el Ministerio Público al Tribunal.

La Procuraduría fue clara en decir en la demanda que el peaje "vulnera" los derechos de los porteños.