La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a cuatro empresas de servicios en Colombia, al evidenciar cobros no autorizados en la facturación de los servicios durante la cuarentena declarada por la pandemia del Covid-19 en el 2020.

Los sancionados son la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, al prestador del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y a las empresas de servicios públicos de acueducto de Chaparral y de Natagaima, en el Tolima.

Según un comunicado de la Superservicios, "la sanción a la Triple A por $ 653 millones fue motivada por incumplir la obligación de medir las cantidades de residuos sólidos a los suscriptores con aforo permanente del servicio público de aseo en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, entre febrero y julio de 2020. Esta situación afectó el derecho de los usuarios a la medición y cobro del servicio de acuerdo con la producción real de residuos sólidos".

La multa de $ 478 millones contra el prestador de acueducto de Bucaramanga, se estableció al emitirse facturación con base en medición por promedio sin acreditarse imposibilidad o excepción alguna que la justificara en periodos bimestrales de marzo-abril y abril-mayo de 2020. La sanción por $ 59 millones al prestador de acueducto de Chaparral se impuso por emitir facturación sin cumplir algunos requisitos legales establecidos en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994. Y, la multa de $ 30 millones a la Empresa de Acueducto de Natagaima se ordenó al comprobarse que facturó por promedio a los usuarios durante el mes de abril de 2020, sin acreditar imposibilidad alguna para hacer la lectura de los medidores.

La superintendente, Natasha Avendaño García, aseguró que “estas sanciones, que suman en conjunto más de $ 1.220 millones, son resultado de investigaciones iniciadas por la Superservicios ante denuncias y reclamos de los usuarios de los servicios públicos por presuntos cobros no autorizados en la época del aislamiento obligatorio por la pandemia en el año 2020”.

A las empresas sancionadas se les ha garantizado el derecho de defensa y se encuentran en el plazo legal para presentar sus recursos de reposición ante la superintendencia.