La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobierno nacional fortalecer el proceso de adjudicación de tierras a campesinos establecido en el Acuerdo de Paz, ya que solo se ha cumplido con el 16 % de la meta fijada, lo que significa que hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de un total de tres millones de hectáreas.

Así lo recomendó el Ministerio Público en el Cuarto Informe sobre el estado del Avance en la Implementación del Acuerdo de Paz, radicado ante el Congreso de la República, el cual contiene las conclusiones y recomendaciones realizadas tras analizar los avances y dificultades registradas en cada uno de los puntos acordados.

Sobre la formalización de tierras, es decir la entrega de títulos que acreditan la propiedad sobre las mismas, la Procuraduría indicó que también se debe avanzar en este punto, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2’612.983, es decir el 37 %.  

Igualmente, enfatizó en que se deben reforzar las medidas de seguridad y protección de quienes se encuentran en proceso de reincorporación, así como las de los defensores de DDHH y líderes y lideresas sociales.

Señaló que se debe actualizar la caracterización de la población en reincorporación y de sus familias, tanto de quienes aún se encuentran en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR- como de aquellos que ya no se encuentran en esos lugares, con el fin de optimizar la ejecución del procedimiento.

Para lograr ese objetivo “se requiere una estrategia permanente por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN- para el acompañamiento y seguimiento técnico de estas iniciativas, y mejorar las garantías de seguridad en los entornos donde se está desarrollando el proceso”, sostuvo el Órgano de Control.

Participación y reparación de las víctimas

Respecto a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, advirtió que se debe impulsar la participación de las víctimas en los Planes Regionales de Búsqueda, y avanzar de manera urgente en la creación de la herramienta que permitirá generar los reportes de información con destino a los familiares y seres queridos.

Sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, recomendó aumentar la cobertura de las acciones de rehabilitación en las zonas rurales, dinamizar los procesos de reparación colectiva, y brindar acompañamiento a los de retorno y reubicación, en articulación con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, considerados como elementos clave para la consolidación de una paz estable y duradera.

Frente al capítulo étnico, el Ministerio Público aseguró que las acciones ejecutadas en la fase actual aún no se reflejan en la superación de las condiciones de marginalidad, exclusión y victimización, ya que “no obstante los avances que se han obtenido persisten debilidades en la implementación y falta de concreción de los resultados esperados”.

Finalmente, la Procuraduría resaltó que con la presentación de este cuarto informe cumple con uno de sus objetivos misionales, como es el de actuar preventivamente; lo que significa anticiparse a la ocurrencia de situaciones que puedan vulnerar los derechos de los colombianos y para ello, anunció que realizará un seguimiento muy puntual al desarrollo y cumplimiento de las 301 recomendaciones consignadas en el documento.

*Con información de Procuraduría General de la Nación