Herly Yesid Vargas, sacerdote del municipio de Cogua, Cundinamarca, prohibió de manera tajante a los habitantes de esa localidad las prácticas de yoga, tanto en el casco urbano como en áreas rurales de la población, “so pena de incurrir en pecado mortal, perder la gracia de Dios y afectar la espiritualidad, pues no va de la mano con la fe”.

La actitud del religioso fue motivada por una decisión administrativa de la alcaldesa, Flor Murcia, que a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario celebró un contrato con la médico cirujana Ángela Moreno, especialista en medicina alternativa.

Se trataba de un plan municipal de salud a la población más vulnerable, “que buscaba garantizar el bienestar a los habitantes del municipio, mediante la práctica del yoga”, señala uno de los puntos de justificación del contrato.

A las sesiones comenzaron a asistir muchas mujeres jóvenes, mayores y niños del casco urbano y rural de Cogua, población situada a 39 kilómetros de Bogotá.

Debido al auge de las reuniones y de los comentarios favorables de la gente sobre esta práctica originaria de la India, el sacerdote en una de sus homilías dominicales vetó la actividad y exhortó a confesarse a todos los que habían asistido a conocer y experimentar con yoga.

El presbítero fue más allá, le dijo a la feligresía que abandonara esta práctica y le exigió a la alcaldesa, Flor Murcia, que anulara el contrato con la profesional lo que la mandataria aceptó sin protestar.

El padre Herly Yesid Vargas habría también presionado a las Juntas de Acción Comunal de las veredas para que no facilitaran sus instalaciones para llevar a cabo las sesiones.

El yoga es una actividad milenaria que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, para mejorar la salud general por medio de posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación, y nada tiene que ver con pensamientos o filosofías de carácter religioso.

El episodio despertó muchos comentarios en redes sociales, en las cuales los cibernautas recordaron que la Constitución Política determina a nuestro país como un estado laico, en el que la Iglesia no tiene injerencia en sus actuaciones, posición que ha sido reiterada por la Corte Constitucional en muchas sentencias.