La Procuraduría le advirtió a la Cancillería que no se deben incrementar los costos al ciudadano por la expedición del pasaporte en territorio y que al delegar este trámite a las gobernaciones le corresponde vigilar los cobros adicionales que hoy se cargan al bolsillo de los usuarios.

El llamado de atención lo hizo el Ministerio Público a raíz de los trámites para obtener el documento y la situación que se presenta en cada departamento, pues los valores aumentan frente a los costos del trámite que se realiza en Bogotá.

Ejemplo de esto es lo que viven los ciudadanos de Norte de Santander, en donde el pasaporte les cuesta 365 mil pesos, es decir, tiene un incremento del 76,30 por ciento en comparación con el de la capital del país en donde la libreta tiene un valor de 207 mil pesos.

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Estos cobros desmesurados también se dan en Quindío en donde el pasaporte cuesta 352 mil pesos mientras que en el Valle del Cauca cuesta 347 mil y en Cesar 336 mil pesos.

A través de este análisis, elaborado con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP- se estableció que los cobros adicionales en las gobernaciones aumentan el valor del trámite entre un 13, 3 y un 76, 3 por ciento.

“La Cancillería debería asumir las actividades y costos que permitan una mejora importante en la prestación del servicio, siendo en todo momento la responsable del trámite, por lo que no deberían generarse costos adicionales que afecten el bolsillo de los colombianos”, concluyó Claudia Hernández, Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública.

Por esto, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores revisar el marco jurídico para evitar cobros que no estén ajustados a la norma.