Por Ing. Leonardo Pereira G. (*)

Las cifras más recientes que en materia de homicidios, hurtos a personas, extorsión y violencia intrafamiliar nos muestra el sistema de información estadístico, delincuencial, contravencional y operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) son realmente alarmantes y preocupantes para el Atlántico y todo el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).

Tan cruda realidad invita a abrir cuanto antes un debate serio y coherente sobre las estrategias que desde los distintos niveles de gobierno se han diseñado e implementado para el mejoramiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento del aparato de justicia.

El número de homicidios reportados en el Atlántico y en el AMB para el año 2022, si bien presenta una leve reducción en lo atinente al Departamento, en comparación a los registros del 2021, no deja de ser una situación extremadamente grave la que actualmente se observa en el ambiente en cuanto a asesinatos se refiere, delito de sangre que, además, tiene ocurrencia en nuevas modalidades de terror, como las masacres, generadoras en grado extremo de la creciente sensación y percepción de inseguridad que se respira en el Atlántico, con mayor afectación en el Área Metropolitana de Barranquilla. Ver tabla y gráfica1.

El cuadro y la gráfica 1 presentan los resultados de forma general, la cantidad de homicidios en el Departamento y en el Área Metropolitana, al tiempo que exponen, de manera específica los números de Barranquilla, Soledad y Malambo, tres de los cinco municipios que conforman el AMB.

Las estadísticas oficiales de la Policía, confirman también el comportamiento desbordado que para el 2022 presentó el fenómeno delictivo de la extorsión frente a los datos del 2021.

Este flagelo desestabilizador del comercio y el transporte, que deteriora fuertemente la seguridad ciudadana, es el principal causante del cierre de muchos establecimientos, la disminución de la actividad económica en distintos sectores y el desplazamiento forzoso de muchos comerciantes, en procura de garantizar su vida y tranquilidad.

Las escalofriantes cifras de la tabla y gráfica 2 ratifican la súbita alza de la extorsión en más del 100% en el Área Metropolitana, lo cual justifica el clima de zozobra y pánico con el que a diario viven muchas personas dedicadas a la actividad comercial.

El estudio de los casos de hurtos a personas en el Atlántico y el Área Metropolitana de Barranquilla, propone un cuadro critico que devela el exponencial crecimiento en más de un 40% de este delito de alto impacto, negativo para la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía.

En los últimos dos años los atracos se convirtieron en el titular diario en los principales medios noticiosos, al tiempo que pasaron a ser un problema presente en todas las capas sociales, es decir, el robo, actualmente no distingue estratos en la región. Ver tabla y gráfica 3.

Otro indicador, en el marco de la convivencia ciudadana, que perturba el bienestar de la sociedad es la violencia intrafamiliar. A pesar de las distintas estrategias y campañas pedagogías puestas en marcha para la disminución de los casos de violencia intrafamiliar en todos los municipios del Atlántico, infortunadamente los números en torno a este conflicto social no parecen mejorar, en un promedio superior al 40% se han disparado este tipo de episodios que evidencian la crisis en el principal y más básico núcleo de la sociedad: la familia, epicentro del desarrollo humano.

Siempre nos han inculcado que las matemáticas y los números no mienten, bajo esta premisa hoy perfectamente podemos colegir que falta demasiado por hacer en el Atlántico y los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla para enfrentar de mejor forma el problema de la seguridad ciudadana. Para ello, el papel y la articulación de los distintos niveles de gobierno será determinante, partiendo de la posición

del Gobierno Nacional, que tendrá que revisar el método tradicional empleado para atender la seguridad nacional que a la fecha implica especialmente, mirar hacia el conflicto criminal en los territorios.

Una nueva mirada desde el Gobierno Central al tema de la seguridad en las regiones, debe desencadenar el debate sobre la creación y asignación de recursos en el sistema general de participaciones, para resolver una necesidad básica prioritaria que ocupa la atención de todos Los ciudadanos.

De igual manera, es menester reforzar el aparato de justicia con jueces, fiscales, tecnología e incentivos para combatir la impunidad, sobre todo en municipios con altísima congestión, acción fundamental para desestimular a los criminales y ejemplarizar con merecidas condenas.

El rol de la fuerza pública, es decir, de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, con miras a garantizar la paz, la integridad del País, las libertades y los derechos humanos, es importante redefinirlo de tal manera que la segunda mayor fuerza pública de América Latina compuesta por unos 452.466 efectivos, se adapte a esta manifestación diferente de conflicto y sirva con contundencia para mejorar los resultados en materia de seguridad principalmente en las urbes azotadas por los asesinatos, extorsiones, hurtos, secuestros y otros delitos

Por otro lado, urge mejorar y nivelar el pie de fuerza en las ciudades con altos índices de criminalidad e inseguridad ciudadana; por ejemplo, no se justifica que mientras la media en el territorio Nacional es de unos 220 policías por cada 100 mil habitantes, en municipios como Soledad se cuente solo con cerca de 400 agentes para proteger a una población de 692.799 personas, es decir menos de 60 policías por cada 100 mil habitantes, igual situación se registra en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Ahora bien, con relación a las acciones ya más del orden local, sería interesante plantear la discusión con respecto a la utilización de los recursos de la tasa de seguridad y convivencia, fondo administrado por la Gobernación del Atlántico que se nutre de los aportes de todos los municipios, sería sano estudiar si estos recursos, ante ciertos escenarios críticos de criminalidad en algunos territorios, deberían ser orientados en mayor proporción en esos municipios.

Vuelvo al caso de Soledad, que aporta unos 45 mil millones anuales, equivalentes a 180 mil millones en el cuatrienio, pero solo recibe de este monto total un 20% en reinversión. Tal situación amerita una discusión técnica que posibilite el acceso a mayores recursos, para la adquisición de equipamiento tecnológico, fomentar programas de prevención e incrementar la inversión social en los municipios de cara a la recuperación de su componente humano.

Finalmente, corresponde decir que el análisis de las cifras de delitos y crímenes presentados por el Centro de Estadísticas de la Policía para vigencias 2021 y 2022, nos conduce a dirigir la atención hacia el problema de la inseguridad ciudadana desde una perspectiva metropolitana, lo cual al tiempo obliga a entender las acciones de las autoridades locales, para bajo ese análisis lógico articular a partir de la institucionalidad políticas públicas integrales y acciones preventivas y correctivas con el acompañamiento del Gobierno Nacional, Fuerza Pública, comunidad y gremios, a fin de recuperar bienes preciados de la vida en sociedad, como la tranquilidad y el bienestar de las comunidades.

(*) Magíster en Administración Pública y especialista en Gerencia de proyectos.

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