El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó su preocupación por el aumento del accionar violento de bandas criminales como las disidencias de las FARC y puso como ejemplo que el cese el fuego ha sido el motor para vulnerar los derechos humanos de la población civil.

Denunció el aumento de las extorsiones lo que afecta a los más pobres del país, y del reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región.

“Se han aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno, añadió, tras denunciar que Camargo Assis, “para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas”.

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Camargo Assís dijo además que la disminución de los cultivos está trasladando a las estructuras criminales hacía negocios vinculados con extracción ilícita de minerales, con lo cual esta actividad criminal es el nuevo combustible de la expansión de los grupos armados ilegales.

Durante la presentación del informe ‘Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal’, afirmó que este documento pone de manifiesto la necesidad de entender las otras dimensiones de la minería, particularmente la minería ancestral y la minería a pequeña escala, pues son los escenarios donde están los mayores desafíos para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos.

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“A lo largo de las últimas décadas, los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada”.

Recordó que tal como la Defensoría lo advirtió a partir de la Alerta Temprana 036 del 2020, sobre la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las FARC en Nariño que los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro.