La del Hospital Universitario CARI E.S.E., es una historia más de las entidades públicas que han sido sometidas a pésimos manejos administrativos y financieros que conducen a sus cierres.

Basta con recordar casos como los de las Empresas Públicas Municipales (EPM), Empresa Municipal de Teléfonos (EMT) luego transformada en EDT y de la Electrificadora del Atlántico.

En todas ellas el denominador común fue el sistemático saqueo que obligó a sus liquidaciones, sin que hubiesen existidos procesos penales, disciplinarios y fiscales contra los responsables de esos hechos. Y mucho menos ha habido responsabilidad polìtica alguna.

Ahora, la historia se repite con el CARI, una entidad transformada como tal, durante la gestión administrativa del entonces Gobernador Carlos Rodado Noriega, mediante Ordenanza 00016 del 25 de julio de 2006, tras decidirse el cierre del Hospital Universitario.

Sin embargo, el nuevo experimento duró poco porque ya en 2011 el CARI registraba un déficit de 84 millones 135 mil pesos, bajo la Dirección de Ramón Quintero Lozano.

En los siguientes 4 años siguió creciendo la situación deficitaria, en manos del mismo Director, así: 2012, 4.417 millones 649 mil pesos; 2013, 12.732 millones 566 mil pesos; 2014, 865 millones 123 mil pesos y en 2015 presentó un superávit de 10.632 millones de pesos, pero debido a los aportes recibidos por $27.416 millones por parte de la Gobernación ($21.878 millones) y de la Nación ($5.538 millones).

Empeora el déficit y categorización de Minsalud

Seguidamente, bajo la Dirección de Rocío del Carmen Gamarra Peña, la situación empeoró, con los siguientes resultados deficitarios: 2016, $13.444 millones; 2017, 12.454 millones 944 mil pesos y 2018, 19.297 millones 72 mil pesos.

Esta situación se ha visto reflejada en la categorización que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta las condiciones particulares del mercado, equilibrio t viabilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado.

Así, estas empresas son categorizadas en riesgo alto, medio, bajo, o sin riesgo, teniendo en cuenta la capacidad de financiar las obligaciones operacionales corrientes y no corrientes de las instituciones, frente a los ingresos operaciones corrientes, y será diferencial para aquellas ESE del nivel territorial que operan en condiciones de mercado especiales.

En el caso del CARI, ha tenido la siguiente categorización anual: 2012 (sin riesgo); 2013 (riesgo bajo); 2014 y 2015 (riesgo alto); 2016 (riesgo medio) y 2017 y 2018 (riesgo alto).

Cierre progresivo de servicios

La misma situación negativa se ha registrado con la disponibilidad de infraestructura, reflejado en el cierre progresivo de sus servicios.

Como consecuencia de lo anterior el número de camas instaladas se redujo de 407 (2015) a 386 (2016), 242 (2017) a 198 (2018).

En concreto, el número de camas pediátricas disminuyó de 22 en 2015 a 18 en 2018; las camas para adultos bajaron de 179 (2015) a 72 (2018). Las de salud mental se redujeron de 156 (2015) a 108 (2018).

Más exactamente, la disminución estimada de la capacidad de oferta en los principales servicios, en el período 2015 - 2018, fue la siguiente: hospitalización (51%), consulta externa (63%), cirugía (100%) y apoyo diagnóstico (56%), para un promedio de variación equivalente al 68%.

Como reflejo de lo anterior, las consultas efectivas disminuyeron de 28.452 en 2016 a 13.925 en 2018 (-51.06%); las cirugías realizadas (sin incluir partos y cesáreas), bajaron de 4.226 a 46 (-98,91%); los partos y cesáreas se redujeron en 100%; los exámenes de laboratorio pasaron de 169.886 a 39.047 (-77,02%) y las imágenes diagnósticas tomadas decrecieron de 10.196 a 814 (-92,02%).

Disminución de los ingresos

Debido a esto, el CARI E.S.E., registró una sustancial disminución en los ingresos reconocidos, los cuales pasaron de 77.837 millones 645 mil pesos en 2016 a 38.500 millones 636 pesos en 2018, para una reducción del 50,54%.

Ello es atribuido, en parte, a la gran variación registrada con los ingresos provenientes del régimen subsidiado, que bajaron de $37.660 millones (2016) a $10.262 millones (2018), para una reducción del 72,75%, y del contributivo, que disminuyeron de $2.140 millones a $222 millones, en el mismo período, (-89,60%).

Otras ventas por servicios pasaron de $2.487 millones a $808 millones (-67,52%). En resumen, el total de ventas de servicios disminuyó de $50.504 millones a $14.984 millones, para una reducción del 70,33%.

Mientras tanto, las cuentas por cobrar vigentes subieron de $13.591 millones a $19.963 millones, para un aumento del 46,88%.

También bajó la facturación

Esta situación refleja la gran baja que ha tenido la facturación, debido a la disminución de los servicios, pasando de $31.591 millones en 2017 a $15.000 millones en 2018, para una reducción del 53%.

Específicamente, la facturación del régimen contributivo bajó de $1.443 millones a $223 millones (-85%); la del subsidiado disminuyó de $21.069 millones a $10.277 millones (-51%), la de vinculados se redujo de $7.049 millones a $3.692 millones (-48%) y la de otras entidades pasó de $2.030 millones a $808 millones (-60%).

La situación financiera de la institución también refleja pasivos por el orden de los 84.220 millones 180 mil pesos.

El panorama del CARI E.S.E., muestra una grave situación que año tras año se ha venido agudizando y que, definitivamente, tocó fondo.

¿Habrá repetición?

En medio de la propuesta de un ‘operador sanitario’ como panacea, valdría la pena también que los entes de control asuman su rol y establezcan las responsabilidades individuales de quienes han estado a cargo de la institución y adoptar las decisiones sancionatorias correspondientes.

No se justificaría seguir pretendiendo soluciones ‘únicas’ que, antes de convertirse en remedio, alarguen la enfermedad, ya en UCI, y en vías de In articulo mortis. Sin que nadie responda por el descalabro de una institución que, como el CARI E.S.E., en alguna época sirvió de referente para la atención de alta complejidad en la Región Caribe.

Después de este panorama sombrío, donde los administradores de la institución parecen más depredadores de la misma, corresponde a los entes de control, según su competencia, establecer responsabilidades y ponerlos a repetir, por este descalabro, con su propio pecunio.

Y en cuanto a la tercerización de los servicios, que se disfraza con el pomposo nombre de “operadores sanitarios”, valdría la pena pensarlo y repensarlo antes de otorgarle la pensión anticipada a los beneficiarios de este sistema del “jamón” para ellos y el “hueso” para el CARI y la Gobernación del Atlántico.