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Edwin Besaile, exgobernador de Córdoba.
Edwin Besaile, exgobernador de Córdoba.
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Procuraduría

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Prorrogan suspensión al destituido Edwin Besaile: Esta vez por un contrato de Ciencia y Tecnología

En decisión de la Procuraduría.

Siguen los procesos en la Procuraduría General de la Nación contra el destituido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. Esta vez,  el Ministerio Público le prorrogó, por el término de tres meses, la suspensión, dentro de la investigación que adelanta por irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y presuntos actos de corrupción en la gestión contractual. 
 
"El Ministerio Público señaló que la prórroga de la suspensión provisional está justificada para evitar la reiteración de una posible falta disciplinaria por presuntas irregularidades en la actividad contractual, evidenciadas en la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl)", indicó la Procuraduría.
 
Según explicó la entidad que maneja Fernando Carrillo Flórez, "el órgano de control busca establecer la presunta participación del mandatario departamental en actos de corrupción confesados por el entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons Muskus, en relación con el destino indebido que tendrían los recursos públicos en la contratación".
 
La Procuraduría también investiga al director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simancas; a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de contratación de la gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.
 

El pasado 27 de mayo, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y al exgobernador, Alejandro Lyons Muskus, por las irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad, por cerca de $5.000 millones de pesos.

Besaile también fue suspendido provisionalmente, en el mes de enero de 2018, por tres meses por el llamado cartel de la hemofilia y el pago de más de $1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana .S.A.S., para la atención de 14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con esa enfermedad. En este caso, el ente disciplinario le formuló pliegos, el pasado 8 de octubre.

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