En desarrollo de una actuación preventiva para la garantía del derecho a la educación de la niñez, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales.

La construcción de los proyectos se realiza con recursos de ese fondo y que presentan importantes retrasos, los cuales superan en algunos casos, los dos años.

Entre otros aspectos, el Ministerio Público exhortó al FFIE, precisar las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.

Según la Procuraduría, son de especial preocupación las demoras en la ejecución en los departamentos de Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó; por ser territorios que concentran el mayor número de proyectos ejecutados con retrasos.

“En buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega”, advirtió.