La Procuraduría General de la Nación anunció que ha hecho acto de presencia en Ipiales, Nariño, para tratar la “crítica situación” que se vive a diario con los migrantes en esa frontera con Ecuador.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, hay presencia de al menos 88.000 legales y 150 mil irregulares que ingresaron a Colombia en lo que va de 2023 por esta y otras poblaciones ubicadas en la frontera. Esta última información fue verificada por la Policía Nacional.

Javier Sarmiento, Procurador delegado para los Derechos Humanos, y quien lidera la visita, tuvo como primera tarea verificar el paso fronterizo por el puente de Rumichaca para conocer las condiciones en que llegan allí los migrantes. Vigiló si estos reciben algún tipo de atención por parte del Estado y cuáles son sus necesidades más apremiantes.

Sus reportes, acompañado del testimonio de las comunidades, determinaron que la situación más grave que estos afrontan es la dificultad de acceso a servicios. 

El 73% de las familias deben pasar las noches en las calles o parques públicos, el 75% no tiene acceso suficiente al agua de consumo humano y solo el 2% logró acceder a uno de los siete alojamientos humanitarios instalados por la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales presentes en el municipio, indicó el ente.

Sarmiento pudo conocer que existe un gran flujo de ciudadanos venezolanos que están retornando desde el sur del continente (Perú, Chile entre otros ) para regresar a su país, quedarse en Colombia o hacer  tránsito hacia Estados Unidos.

De la misma manera, existe una migración continental y extracontinental al conocerse que personas y familias de origen haitiano, cubano, chino, vietnamita, africano, entre otros, ingresan al país cada semana con el fin de llegar hasta el Tapón del Darién, frontera con Panamá, o hasta San Andrés, para pasar por allí a Centroamérica en su recorrido hacia Estados Unidos, según reportes de la Policía. 

El dato esclarecedor es que tan solo entre el 1 y 8 de octubre de 2023, el Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos de Urabá informó que 754 ciudadanos de origen chino ingresaron a Necoclí. El departamento de Nariño fue uno de los puntos de ingreso de estas personas y sin que lo advirtieran las autoridades. 

De acuerdo con las autoridades locales, la mayoría de estos migrantes son abordados en el paso fronterizo colombiano por traficantes conocidos como Coyotes, que controlan el negocio ilegal y les cobran por conducirlos hasta Ipiales, seguir ruta por los municipios de Pasto, Chachagui, Taminango y luego de salir del departamento de Nariño continuar su tránsito por la región pacífica o llegar hasta el Uraba Antioqueño.

El Procurador delegado para los Derechos Humanos afirmó quedar ampliamente preocupado por la falta de presencia de la fuerza Pública en los más de 30 pasos informales existentes solo en Ipiales y que al parecer son controlados por los grupos armados ilegales. 

También así por la ausencia de albergues administrados y financiados por el Estado, la falta de estrategias preventivas por parte del ICBF para garantizar los derechos de los NNA migrantes no acompañados y separados y la falta de planes, programas y proyectos de las administraciones municipales y departamentales para contrarrestar y evitar los actos y expresiones de xenofobia por parte de la población de acogida. 

La Procuraduría General de la Nación evaluará las acciones preventivas y disciplinarias a que haya lugar para garantizar la respuesta de las entidades estatales y el respeto por los Derechos Humanos de la población migrante.