La calidad del aire en Medellín está siendo monitoreada.
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Área Metropolitana de Medellín

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Procuraduría General lanza S.O.S por la calidad del aire en Colombia

Pidió a las autoridades nacionales y territoriales ejercer efectivo control y vigilancia al parque automotor.

La Procuraduría  lanzó un S.O.S. por la calidad del aire que se respira en Colombia, donde cada año 5,9 millones de vehículos evaden su obligación de realizar la revisión técnico mecánica, entre estos  4,1 millones de motocicletas, 1.6 millones de particulares y 187.964 vehículos de servicio público. 

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Salud, en el país anualmente mueren alrededor de 11.000 personas por causa del material particulado presente en el aire.

El contaminante que más afecta la salud de los colombianos en las grandes ciudades es el material particulado (PM2.5), emitido principalmente por camiones, volquetas, motos 4T, buses, autos, motos 2T e industrias. 

El ente disciplinario instó a las autoridades del orden nacional y territorial a tomar medidas urgentes de control y vigilancia al parque automotor que circula por las vías del país, la calidad de los combustibles, y a la adopción de nuevas tecnologías que cumplan con estándares internacionales.

"Es inaplazable que en el país se replique la experiencia de Medellín, donde la intervención del Ministerio Público logró que Ecopetrol atendiera la petición de la alcaldía y cambiara la fórmula de los combustibles que se comercializan en la capital de Antioquia y el Valle de Aburrá", sostuvo la Procuraduría. 

Para el ente de control de no haber cambios inmediatos se seguirá poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones del medio ambiente, lo que de paso deja a Colombia en un nivel de atraso frente a los estándares internacionales que actualmente se aplican.

El Ministerio Público exhortó a los ministerios de Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible,  Salud, Minas y Energía, Industria y Comercio, la Superintendencia de Puertos y Transporte, las corporaciones autónomas regionales y los alcaldes municipales, para que den estricto cumplimiento a las normas encaminadas a reducir las concentraciones de contaminantes que afectan la salud humana y la calidad del ambiente.

 

 

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