Javier Lastra, agente interventor de Electricaribe, llegando al Comando de la Policía
Javier Lastra, agente interventor de Electricaribe, llegando al Comando de la Policía
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Prensa Electricaribe

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Por desacato, Juez de Ciénaga ordena arresto de 8 días al agente interventor de Electricaribe

Por una tutela que ordena un pago a 13 pensionados de la empresa en el Atlántico.

Por incurrir en desacato, el Juez segundo promiscuo de Ciénaga ordenó el arresto de 8 días al Agente Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo.

Para cumplir con la orden judicial, el Agente Interventor se presentó en horas de la tarde en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la decisión, la orden de arresto por un término de 8 días ordena el pago de 2.020 millones de pesos a 13 pensionados del Atlántico por concepto del reajuste por Ley 4a de 1976 (15% anual a la mesada pensional).

En declaraciones dadas a conocer por la empresa, Lastra Fuscaldo señaló que si bien acata la medida de detención, no la comparte por cuanto se trata de recursos que por expresa disposición legal están “congelados” por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el día de la intervención, por lo que no es viable que se ordene pagar acreencias anteriores al 15 de noviembre de 2016.

“Pagar obligaciones suspendidas por reajustes de pensiones de Electricaribe pondría en riesgo el servicio”, anotó Lastra Fuscaldo.

Adicionalmente, este fallo que ordena pagar acreencias antes de la intervención y obligaciones prescritas por vía de tutela, pondría en riesgo  el  proceso de intervención toda vez que otros acreedores acudirían a este mecanismo y la empresa tendría que desembolsar recursos que se requieren para el funcionamiento de la compañía e inversiones.

Luego de la intervención, se han presentado 27 nuevas acciones de tutela por parte de pensionados, es decir en promedio más de una por mes en que ha durado la toma de posesión.

Lastra Fuscaldo hizo un llamado público para que este caso sea analizado con la mayor celeridad por la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra para revisión una tutela por vía de hecho pidiendo la revocatoria de la medida.