Los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, un extenso territorio biodiverso e intercultural, están en riesgo por cuenta de la presencia y hegemonía que vienen ejerciendo grupos armados al margen de la ley, interesados en el vasto lugar para fortalecer sus economías ilícitas, incluso sus intereses militares y políticos. 

“Desde la Defensoría del Pueblo expresamos nuestra preocupación por la precaria acción del Estado, a través de sus políticas públicas y presencia institucional, en la Sierra Nevada, donde deben ser garantizados los derechos de quienes allí habitan”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

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Su falta de reacción oportuna, indica Camargo Assis, “frente a las presiones ejercidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zonas de resguardos indígenas y áreas aledañas también nos genera intranquilidad, toda vez que sus dinámicas de coexistencia, disputas territoriales, entre otras, están afectando a la población”.

Los pueblos indígenas en peligro son Ette Naka, Yukpa, Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa; también, comunidades campesinas y negras cuya labor se concentra en actividades agrícolas y de pancoger. Todos son susceptibles de condiciones de vulnerabilidad social y económica, han estado expuestos a agresiones contra su vida, integridad, libertad y seguridad.

Lo que está sucediendo en ese lugar, unidad territorial del que forman parte los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, es una problemática que viene de hace varios años. El Auto de seguimiento 004-09 a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional reconoce la vulnerabilidad y condición como víctimas de los pueblos étnicos, y su llamado es a que tengan protección especial. 

En los últimos cinco años, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado con ocho documentos de advertencia, como Alertas Tempranas e informes de seguimiento, sobre los riesgos de violaciones masivas a los derechos fundamentales de todas las comunidades que residen en la Sierra Nevada.

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“En consecuencia, llamamos al Estado colombiano para que atienda con la debida diligencia y celeridad la grave situación humanitaria que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades que residen en la Sierra Nevada de Santa Marta”, es la solicitud del Defensor del Pueblo. 

A los grupos armados ilegales, finalizó Carlos Camargo Assis, “respeten y cumplan al pie de la letra los principios del derecho internacional humanitario, entre ellos uno de los más importantes, el de distinción. No instrumentalicen, estigmaticen, recluten, tampoco obliguen al confinamiento y al desplazamiento forzados, a la población civil”.

*Con información de Defensoría del Pueblo