La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por el caso de contratación para la fabricación y expedición de pasaportes en el país.

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El ente de control señaló que el excanciller “violó los principios de la contratación estatal” al declarar desierta la licitación pública para la emisión de estos documentos.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento alegó que la decisión que en su momento tomó Leyva no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal.

El Ministerio Público encontró que la determinación adoptada por el exministro se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que este cumplió con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.

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En ese sentido, la Procuraduría confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al “desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal”.

De igual manera, el ente de control lo absolvió por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa, y resaltó que este fallo puede ser apelado ante el despacho de la Procuradora General de la Nación.