La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría General de la Nación abrió indagaciones previas por invasión de tierras en Cartagena y en las islas del Rosario.

En Playa Blanca, corregimiento de Santa Ana, Isla de Barú, jurisdicción de Cartagena, el ente de control analizará las actuaciones de los inspectores de Policía del Corregimiento de Pasacaballos y de Santa Ana, de Cardique, de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de la ciudad, sobre posibles irregularidades en la invasión de los predios “Buenavista”, “Cabecera de la Pista”, “La Coqueta” y “Lucas Girado”.

De igual manera, la Procuraduría indagará a los inspectores de Policía de Punta Canoa y Bayunca, así como a la Oficina de Instrumentos Públicos, el Concejo y la Alcaldía de Cartagena, por dos casos de ocupaciones ilegales en el corregimiento de Punta Canoa.

Adicionalmente, se verificará la actuación disciplinaria de la Inspección de Policía y la Concesión vía Barú; la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y el Concejo de Cartagena por la invasión de los lotes ubicados en San Pedro, Primera Etapa, carretera Pasacaballos a Barú, Cartagena de Indias.

El ente de control, por medio de la DNIE, también tiene en curso una indagación previa sobre denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en arrendamientos en las islas Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, donde al parecer, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estarían entregando contratos de arrendamiento de dichas islas, sin cumplir los requisitos y sin atender los Principios Generales de Contratación Estatal.

Cabe recordar que, según el ordenamiento jurídico colombiano, las islas, islotes y cayos de los Mares de la Nación constituyen reserva del Estado; por lo tanto, no son susceptibles de adjudicación.  

Procesos disciplinarios

La Procuraduría cuenta con 12 investigaciones disciplinarias en Atlántico, Bolívar y Bogotá, y 10 indagaciones en Tolima, Atlántico y Bolívar por irregularidades de funcionarios que presuntamente estarían involucrados en la circulación de documentos públicos falsos, al parecer elaborados al interior de las notarías o en las Oficinas de Instrumentos Públicos. Otros procesos abiertos investigan la realización de trámites para favorecer la circulación de dichos documentos y/o instrumentos jurídicos falsos y la participación de miembros de Fuerza Pública en las ocupaciones ilegales de predios desde el ejercicio de sus funciones.

Desde lo disciplinario, el ente de control cuenta con 84 procuradores regionales, distritales y provinciales, quienes en conjunto con las autoridades en cada región están trabajando para la atención inmediata en los casos de ocupaciones ilegales que se presenten, verificando que cada autoridad cumpla el marco legal para la protección del derecho a la propiedad en el país.

*Con información de Procuraduría General de la Nación