La audiencia virtual de hoy.
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Ordenan detención domiciliaria para dos jueces y un Fiscal en el caso de Unimetro

Los tres funcionarios judiciales están capturados e imputados por los presuntos delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

El Juez Promiscuo Municipal de Galapa, Venancio García - Solis, ordenó la detención domiciliaria para los jueces Rafael Uribe Henriquez y Alberto Oyaga Machado y el Fiscal Gustavo Orozco Pertuz, capturados e imputados tras denuncia formulada por la familia Acosta Bendek en el caso de la Universidad Metropolitana.

A los tres funcionarios judiciales la Fiscalía 90 ante el Tribunal Superior de Bogotá, a cargo de Germán Arias Castro, les imputó los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

Al tomar la decisión el Juez Promiscuo consideró que la medida es necesaria porque no hay otra forma de darles garantías al proceso y a la misma sociedad.

“Esta medida es suficiente mientras se define plenamente su situación”, señaló el Juez agregando que la misma “cumple con los fines constitucionales y se le da tranquilidad a la sociedad”.

En cuanto al probable delito de prevaricato por acción, en el caso del Fiscal Gustavo Orozco Pertuz el Juez concluyó que sus actuaciones indican que tenía un interés más allá del profesional e institucional.

En uno de los casos, recalcó, Orozco Pertuz asistió a una audiencia tomándose atribuciones como Fiscal cuando realmente no estaba no estaba representando a la entidad ya que le habían retirado dicha competencia en el proceso.

En torno al Juez Rafael Uribe Henríquez señaló que invadió todas las normas relativas a las competencias.

Concretamente, al cobijar con medida de detención a un aforado (Luis Fernando Acosta Osío) cuando éste gozaba de fuero por su condición de diplomático.

Además, desconoció las normas del derecho civil al ordenar un restablecimiento del derecho cuando ya se tramitaba otro proceso para el mismo fin.

Adicionalmente, agregó el Juez, invadió la órbita de la autonomía universitaria, sin tener competencia para ello.

En esencia, enfatizó, el Juez Uribe Henriquez cumplió funciones que le estaban vedadas, para cometer conductas irregulares y adoptar decisiones injustificadas.

En el caso del Juez Alberto Oyaga Machado dijo que tomó decisiones contrarias a la ley y sin tener en cuenta las garantías constitucionales.

Concretamente, se refirió a su decisión de continuar una audiencia de imposición de medida de aseguramiento a miembros de la familia Acosta Bendek, a pesar de que un Comité Técnico - Jurídico de la Fiscal había determinado que existía atipicidad absoluta de delitos en el proceso de la Fundación y que la justicia civil se encargara del caso.

Con base en ese mismo concepto del Comité Técnico - Jurídico, la Fiscal 58 que había sustituido al Fiscal 56 (Gustavo Orozco Pertuz) en este proceso, puso la situación en conocimiento del Juez y retiró la solicitud de medida de aseguramiento.

En concepto del Juez, en ese momento lo que procedía era la terminación de la audiencia, pero Oyaga Machado no actuó de esa manera e impuso la medida de aseguramiento.

En ese momento, recalcó el Juez, la Fiscal 58 llegó con una posición institucional de la Fiscalía, pero Oyaga Machado actuó de manera dolosa y sin mayores reparos la desechó y expidió las órdenes de capturas.

Por otra parte, en cuanto al probable delito de fraude procesal, el Juez Venancio García - Solis dijo que los tres funcionarios judiciales adoptaron en decisiones contrarias a la ley, incurriendo en un hecho punible, por cuanto existe relación entre el probable autor y el hecho ilícito.

Durante la audiencia de hoy el Juez Promiscuo de Galapa cuestionó la conducta de Alberto Oyaga Machado por la mala utilización de un celular que le fue permitido para comunicarse con sus familiares y abogados para armar la defensa.

En este sentido señaló que Oyaga Machado lanzó un alerta infundada a través de un grupo de Whatsapp integrado por funcionarios de la Rama Judicial, al manifestar que tras su captura los demás jueces estaban en peligro, incurriendo en una manipulación de potenciales testigos.

Tras tomar la decisión el representante de la Fiscalía interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Las defensas de los dos jueces interpusieron recursos de apelación. Y el representante de víctimas Alejandro Arcila el de reposición y en subsidio el de apelación.

 

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