Ordenan acompañamiento policial a víctimas de agresión en La Ría y cambio de vigilantes
Ante el Inspector Noveno se acordó un término de 30 días a los inquilinos para entregar apartamento.
Tres decisiones se adoptaron este jueves luego de que comparencieran ante el Inspector Noveno de Policía Augusto Amaya, la señora Glenys Blanco, administradora del edificio La Ría; Martin Parra, arrendatario del apartamento en el que se celebró la 'Covid fiesta', y el propietario del inmueble, por el escándalo que degeneró en una alteración del orden público, tras la agresión a la médico pediatra, Dalila Peñaranda, y a su empleada doméstica Carmen Pérez.
La primera decisión es la orden del funcionario para que las dos mujeres agredidas tengan a partir de la fecha un “acompañamiento policial” permanente.
Contrario a un amparo policial, el acompañamiento significa que la autoridad debe hacer permanentes rondas a la vivienda donde residen las mujeres.
La segunda decisión es la orden de la Inspección de Policía a la empresa de seguridad contratada en el edificio para que cambie los vigilantes que no acataron las disposiciones del reglamento interno del edificio y no alertaron por la violación de las normas de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria que vive el país.
El tercer punto es el acuerdo que se logró entre el propietario del apartamento 10-02 de la Torre 1 del edificio La Ría y los inquilinos que organizaron la 'Covid -fiesta', para que estos últimos entreguen el inmueble a más tardar en un mes. Exactamente el 10 de octubre.
Esto fue de “mutuo acuerdo”, explicó el Inspector de Policía a Zona Cero.
Se conoció que una de las fallas en las que habría incurrido la administración de La Ría fue haber interpuesto una querella por episodios anteriores “en el lugar equivocado”.
En efecto, después de una fiesta similar que hubo en agosto pasado en el apartamento arrendado por Martin Parra y Fanny Franco, se presentó una querella, por desconocimiento, ante la Oficina de Control Urbano del Distrito y no ante una Inspección de Policía.
De la Oficina de Control Urbano, la querella pasó a la Inspección General de Policía que posteriormente lo remitió a la Inspección Novena. Esta oficina había fijado la fecha de la audiencia “pero los hechos sucedieron antes (4 de septiembre)”.
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