Un total de 138 líderes sociales colombianos fueron asesinados en 2017, lo que supone un incremento del 20 % con respecto al año anterior, cuando se registraron 115 víctimas, reveló hoy un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

La organización detalló en su documento "No son líos de faldas, son líos de tierras" que los asesinatos se produjeron por persecución política, abuso de autoridad e "intolerancia social".

El nombre del estudio hace referencia a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a finales del año pasado atribuyó parte de los asesinatos de líderes sociales a disputas por tierras y linderos, por rentas ilícitas, e incluso a "líos de faldas".

En el documento de 25 páginas, el Cinep detalló las violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario (DIH), los autores materiales de estos actos y las regiones más afectadas, todos generados por la disputa de tierras, eje del conflicto armado en el país.

"Se continúa amenazando y asesinando a líderes y defensores de derechos humanos de manera premeditada, aplicando planes y acciones violentas contra ellos, los testimonios de las víctimas registrados lo comprueban", manifestó durante la presentación el director del Cinep, Luis Guillermo Guerrero.

En opinión de Guerrero, "las noticias no son las mejores" sobre la violación de Derechos humanos, lo cual corrobora que en el país sigue vigente una "guerra sucia" cometida principalmente por grupos herederos del paramilitarismo.

Estos grupos, señalados por el Cinep como paramilitares, son los principales responsables de los crímenes, pues la organización vinculada a la Compañía de Jesús, los acusa de cometer 609 amenazas, 69 asesinatos, 28 lesiones físicas, 16 desapariciones forzadas y 14 actos de tortura durante el año pasado, entre otros.

Le siguen miembros de la Policía colombiana, quienes perpetraron 268 lesiones físicas, 134 detenciones arbitrarias, 45 judicializaciones arbitrarias, 42 amenazas y 31 ejecuciones, detalla el documento.

De igual forma, se señala al Ejército, la Fiscalía, la Armada, la Fuerza Aérea, empresas, agentes externos y el Instituto Nacional Penitenciario de varias violaciones.

El caso más reciente ocurrió ayer en zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde bandas delictivas asesinaron a María del Carmen Moreno Páez, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Caño Rico, municipio de Arauquita.

Según la organización Somos Defensores, durante el primer trimestre de este año 46 defensores de derechos humanos fueron asesinados, 26 más que en el mismo periodo de 2017.

Estas cifras contrastan con la que facilitó por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el pasado 14 de marzo, cuando aseguró que 160 líderes sociales fueron asesinados en el país desde 2016.

El informe especificó que las zonas más afectados son Valle del Cauca con 271 casos, seguido por Cauca (253), Antioquia (149), Chocó (112), Bogotá (108), Cundinamarca, (77) Norte de Santander (66), Nariño (65) y Bolívar (57).

"El desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes", concluyó Guerrero.

EFE