El Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, concesionario del Ernesto Cortissoz, nada que cumple con las obras contempladas en el contrato de concesión para desarrollar inversiones por 610.153 millones de pesos en el terminal aéreo.

Seis años han pasado y la remodelación no termina, y lo que es peor, “no avanza”. Por el contrario, el concesionario pide la culminación anticipada del contrato.

En la actualidad, una de las áreas de mayor atraso es el hito relacionado con el área de la terminal en donde los atrasos “son evidentes”.

Este jueves, la ANI reveló que hay dos procesos sancionatorios en marcha contra el concesionario.

Para la Agencia Nacional de Infraestructura, es un tema “preocupante” porque no ha habido avances y “el nivel de atraso en el proyecto es significativo''.

“No existe ninguna razón viable jurídicamente aceptable para decir que las obras están paralizadas si tenemos un tribunal de arbitramento”, afirmó Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

"No está avanzando. Claramente, no está avanzando. Claramente tenemos un contrato con unos niveles de incumplimiento altos y eso está haciendo que estemos avanzando en procesos sancionatorios", dijo contrariado 

Reiterando que el contratista debe cumplir con la obligación de adelantar las obras, Gutiérrez rechazó categóricamente la postura del concesionario.

“Pero más allá de esto, ya estamos en fase conminatoria. Eso implica que o cumplen el contrato, o el Estado va a tener que adoptar las decisiones del caso, incluyendo y no se ha descartado por supuesto, la caducidad".

“Lo que nosotros tenemos que hacer es actuar, y es lo que estamos haciendo” expresó el funcionario del Gobierno insistiendo en que “las obras no están avanzando al nivel que deberían estar avanzando”.

El presidente de la ANI, para evitar recusación, no dio plazos, pero anunció que “la entidad va a adoptar muy prontamente, las medidas que sean necesarias, o para conminar al contratista de que se ponga al día, o para imponer las sanciones que sean del caso , sin descartar la caducidad, que es la sanción máxima que existe en el estatuto de contratación”.

Pese a las precisiones del concesionario sobre problemas financieros, “está en la obligación de ejecutar las obras porque no está avanzando sin ningún tipo de justificación”.

Cabe recordar que esta concesión se encuentra a cargo del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. conformado por Valorcon S.A. (41,50%), Equipo Universal S.A. (41,50%) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17.00%).

Además de la responsabilidad que le compete a este grupo, no se puede dejar de lado la que le corresponde al interventor, Consorcio Interaeropuertos S.A.S., conformado por las firmas Inzett S.A.S. (51%), GNG Ingenierías S.A.S. (25%) y J. Felipe Ardila V & Cía S.A.S. (24%).