Ricardo Martinelli, expresidente panameño.
Ricardo Martinelli, expresidente panameño.
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Niegan fianza de excarcelación al expresidente panameño Martinelli por chuzadas en su mandato

Por considerar que “subsisten los riesgos procesales que permitieron en su momento la imposición de la detención provisional".

El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) negó hoy una fianza de excarcelación solicitada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, procesado por una causa de supuestas escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014).

"Por mayoría, Pleno de la CSJ, negó la fianza de excarcelación al imputado, vinculado a causa de 'intervenciones telefónicas'", informó el Órgano Judicial a través de su cuenta de Twitter.

En un comunicado, el Órgano Judicial dijo que el pleno "fundamentó su decisión en base a que aún subsisten los riesgos procesales que permitieron en su momento la imposición de la detención provisional".

Entre ellos, "el peligro de afectación de prueba, pues aún hay pruebas testimoniales por evacuar y tampoco ha aparecido el equipo utilizado para las escuchas ilegales".

"En cuanto al peligro de fuga y desatención al proceso, indicó el Pleno que no se puede desestimar las circunstancias por la cual se requirió la utilización de la extradición, aunado a la gran capacidad económica del imputado y su doble nacionalidad", añadió.

Martinelli, de 66 años, está detenido en una cárcel de mínima seguridad en las afueras de la capital panameña desde el 11 de junio pasado, cuando fue entregado a Panamá por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en una cárcel federal en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.

La defensa sustentó nuevamente en el estado de salud del expresidente, que sufre una serie de dolencias crónicas, el pedido de que fuera liberado de la prisión, algo que solicitó el mismo día que llegó extraditado de Estados Unidos y que negó el juez de Garantías de la causa, Jerónimo Mejía.

El presidente encargado del Supremo panameño, el magistrado Hernán De León, dijo este lunes que "en este momento la salud del señor Martinelli no es un riesgo que amerita un cambio de medida cautelar".

"Los riesgos procesales de desatención al proceso y afectación al proceso subsisten, al punto que la medida más aconsejable, a juicio de este Tribunal, es mantener vigente la medida cautelar de detención provisional", declaró De León.

La defensa planteó una fianza de excarcelación de entre 250.000 y 500.00 dólares para Martinelli, quien en un derecho de palabra reiteró que es inocente de los cargos que se le imputan por la causa de las interceptaciones ilegales a las telecomunicaciones a más de un centenar de políticos, periodistas y empresarios, entre otros.

El magistrado fiscal, Harry Díaz, pide 21 años de cárcel por los cuatro tipos penales que imputa a Martinelli: 4 años por el delito de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; 4 por persecución y vigilancia no autorizadas, 3 años por peculado de uso, y 10 años por peculado por sustracción o malversación.

De acuerdo con la información judicial, la fianza de excarcelación fue negada con los votos de cinco de los nueve magistrados del pleno.

Los otros cuatro salvaron el voto, entre ellos el magistrado Cecilio Cedalise, quien señaló que la solicitud de fianza "era improcedente", informó el Órgano Judicial.

El pleno del Supremo aprobó por unanimidad el pasado 19 de junio mantener la medida de detención provisional a Martinelli, cuya defensa había pedido cambiarla alegando los problemas de salud del exmandatario y que ya había pasado un año preso en Estados Unidos.

El pleno dictó en diciembre de 2015 la medida de detención provisional a Martinelli como medida cautelar personal debido al riesgo de fuga, en una audiencia a la que el expresidente no compareció porque ya se había ido del país el 28 de enero de ese mismo año, el día que fue abierta la primera de una decena de causas penales en su contra.

La defensa del expresidente sostiene que fue extraditado bajo una regla de especialidad incluida en un tratado bilateral entre Panamá y Estados Unidos, y que por eso solo puede ser juzgado en el país centroamericano por el caso por el que fue entregado, que es el de las presuntas escuchas ilegales.

EFE

 

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