Un informe dado a conocer por parte de la Defensoría del Pueblo, entregó más detalles sobre los presuntos casos de explotación sexual en el Guaviare, por los cuales la Procuraduría General de la Nación, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un informe en el que indiquen las acciones adelantadas por la entidad para enfrentar esta situación.

El documento indica que durante lo corrido del 2022 se conocieron 279 casos de violencia en el corredor amazónico, que incluye a los departamentos de Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés.

De estos casos, se estima que 110 se presentaron específicamente en el departamento del Guaviare y entre ellos hay involucrados menores de edad de las comunidades jiw y nukak.

En ese sentido, detalla que estos hechos son consecuencia de situaciones de vulnerabilidad extrema derivadas de la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado que se presenta desde hace varios años en su territorio. 

Asimismo, indica que estos menores de edad han estado expuestos al hambre, el consumo de sustancias psicoactivas y la habitabilidad de calle.

Por lo que destacó que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es fundamental que se generen estrategias, las cuales permitan mitigar esta problemática y por ende proteger los derechos de los niños y niñas pertenecientes a la etnia jiw y nukak.

“Estos hechos implican la necesidad de que Estado, sociedad y familia, en el marco de la corresponsabilidad, fortalezcan e impulsen estrategias de prevención y atención urgente”, indica el documento.

Asimismo, revela que el 2022 se presentaron 125 ingresos a procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 46 por violencia sexual, 38 por falta absoluta o temporal de responsables, 11 por omisión o negligencia, 2 por alta permanencia en calle, 2 con abandono o sin situación de discapacidad, 1 de reunificación familiar y 25 por otros motivos.