Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

Desde su construcción en 1995, el peaje Los Papiros en la vía Puerto Colombia – Barranquilla ha dado muchos dolores de cabeza: las protestas que ocasionó hace 28 años, con la grave alteración del orden público por más de 46 días, son las mismas que hoy tienen revueltos a los porteños.

“Lo están cobrando hace muchos años y seguramente ya está requetepago”, vociferaba ayer, en la esquina del colegio Francisco Javier Cisneros, Amanda Espinosa, usuaria de la vía. “Además, la concesión cobra el otro, que está allá atrás, el que llaman de Puerto Colombia, a la gente que va y viene de Cartagena y de las playas; es más caro… lo que quieren es plata y más plata”, cuestionaba en su coloquial análisis financiero doméstico.

En medio del rechazo de la comunidad, que el domingo, enfurecida, marchó, bloqueó la autopista, dijo “¡no al peaje” y exige su desmonte, protesta que obligó a suspender temporalmente el cobro, hoy será un día clave para saber si el Gobierno Nacional, responsable de la vía a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, lo mantiene en funcionamiento o lo cierra.

Lo prometido desde la capital es que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y funcionarios de la ANI vendrán esta tarde a reunirse con la comunidad; la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas; la procuradora regional, Margarita De la Hoz; voceros del movimiento contra el peaje y representantes de la Concesión Costera Cartagena – Barranquilla, propiedad del Grupo ISA.

¿Qué va a pasar; cuál es la decisión de Bogotá?, preguntamos ayer, pero nadie tiene una respuesta. Todo es suspenso. Todo es expectativa. Los únicos que tienen claro lo que desean son los habitantes de Puerto Colombia, el alcalde Vargas y la gobernadora Noguera: “Los Papiros debe ser desmontado”.

Ese clamor comunitario ha sido argumentado por las administraciones departamental y municipal durante 3 años ante los ministros de Transporte –la anterior, Ángela María Orozco, barranquillera que nada hizo por resolver este conflicto, y ahora Guillermo Reyes– y los presidentes de la ANI –Manuel Francisco Gutiérrez y su reemplazo William Camargo–, pero el Gobierno Nacional lo único que aceptó, el 17 de noviembre de 2021, fue bajar la tarifa a 2.400 pesos.

La secretaria de Infraestructura del Atlántico, Nury Logreira, informó, en diálogo con Emisora Atlántico y Zona Cero.com, que desde enero de 2020 han realizado no menos de 12 reuniones con el Mintransporte y la ANI para analizar la situación de Los Papiros, así como los reclamos por los peajes de Baranoa y Sabanagrande y la construcción de otro en Arroyo de Piedra.

La ANI ha manejado con tanta arrogancia el tema que la última reunión la tuvieron el 15 de noviembre de 2022 y al pedir una nueva cita la asignaron para el 3 de marzo de 2023, pero debieron anticiparla para el 3 de febrero a raíz de que la protesta de los porteños crecía día a día. En esta última reunión tampoco tomaron una decisión y después publicaron un destemplado comunicado en el que daban nuevas excusas y señalaban a la gobernadora Noguera de “motivar la afectación del peaje”, cuando es la misma comunidad la que ha tomado la iniciativa de ejercer mayor presión para que lo cierren.

La mandataria atlanticense respondió tal señalamiento insistiendo en que “el peaje debe ser desmontado” porque afecta los ingresos de las familias; dijo que los desequilibrios financieros del contrato “son pequeños”; insistió en que su funcionamiento hace “menos competitivo” al Atlántico y perjudica los proyectos turísticos que su administración ha puesto en marcha; calificó como un “absurdo” seguir cobrándolo y dijo que las acciones de la ANI han sido “pañitos de agua tibia” ante dicha problemática.

Igual relación de reuniones, en las que exigió eliminar el peaje y reclamó “la iluminación de la vía” de parte del concesionario Grupo Isa, dio a conocer el alcalde Wilman Vargas. “Del 25 de junio de 2019 al 8 de noviembre de 2022 participamos en no menos de 10 reuniones, entre virtuales y presenciales, exigiendo el desmonte como lo reclama la comunidad”, subrayó el mandatario con registros gráficos en mano.

¿Por qué la ANI y la Concesión Costera Cartagena – Barranquilla no acceden al desmonte si se trata de un peaje de menor valor que les cobran solamente a los habitantes de Puerto Colombia o a quienes visitan este municipio costero, cuando a 8 kilómetros la misma concesión tiene otra caseta de cobro, de mayor valor, para quienes viajan a Cartagena o a las playas del Atlántico en Tubará y Juan de Acosta?

Pues, resulta que, a raíz de la destrucción de la vía alterna del Lago del Cisne, el pasado 4 de noviembre, durante la temporada invernal de final de año, la circulación de carros por Los Papiros se ha incrementado en más de un 170%, lo que aumentó notablemente su recaudo. Se trata de miles de habitantes de Puerto Colombia, Salgar, Sabanilla y Solinilla que deben pasar por el peaje porque no pueden utilizar la vía colapsada para venir a Barranquilla; lo mismo les toca hacer a centenares de padres barranquilleros que ahora pasan por la caseta de recaudo al regresar de los colegios privados donde estudian sus hijos.

Ese mayor recaudo lo registra el llamado ANIscopio, sitio web en el que la Agencia Nacional de Infraestructura divulga, entre otra, la información de todos los peajes del país. Ahí se ve claramente el jugoso incremento que Los Papiros tuvo en 2022 por el paso de 1.348.162 vehículos que pagaron $4.368 millones, cuando en los cinco años anteriores el número de automotores fue menor: 482.137 en 2021, 389.152 en 2020, 656.524 en 2019, 616.321 en 2018 y 467.850 en 2017.

La secretaria Logreira insiste en que la ANI sí puede desmontar Los Papiros y para ello le han planteado varias soluciones.

El alcalde Vargas reafirma que “definitivamente Puerto Colombia no quiere la caseta de cobro” por la afectación que las familias han sufrido desde 1995, y advierte que el peaje representa un “riesgo para los viajeros”.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron que la advertencia de accidentalidad a la que se refieren la gobernadora Noguera y el alcalde de Puerto Colombia está consignada en un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de septiembre de 2022, que, a través de una visita técnica concluyó que por la báscula de pesaje que allí instalaron, el llamado Nivel de Deficiencia es de 10, es decir “muy alto”, y diagnóstica que “se ha(n) identificado hallazgo(s) que determina(n) como posible la generación de accidentes de tránsito”.

El documento firmado por Elkin Escobar Sarmiento, en ese momento director encargado de Infraestructura y Vehículos, agrega:

“El punto donde se encuentra ubicada la báscula ofrece condiciones inadecuadas de seguridad vial para todos los usuarios. Se cuenta con poca disponibilidad de espacio para carriles de transición antes y después de la zona de pesaje".

“Existe un riesgo intolerable por la interacción con los vehículos que ingresan y salen de predios aledaños y el entrecruzamiento que se genera a la salida de la zona de báscula con los ciclistas y motociclistas que deben pasar el peaje por el carril derecho".

“Es preciso revisar las condiciones de operación con el fin de identificar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector”.

En Puerto Colombia todos están a la espera del desmonte de Los Papiros, el peaje que todos rechazan.