Los 19 concejales de Soledad, cobijados con una sanción de primera instancia de destitución e inhabilidad, por parte de la Procuraduría Provincial de Santa Marta, enfrentan diferentes escenarios sobre su futuro político.

La mayoría de ellos ha expresado intención de presentarse nuevamente en el debate electoral del próximo 27 de octubre. Sin embargo, el suspenso por conocer el fallo definitivo del Ministerio Público, los mantiene en vilo.

Al decidir sobre una queja presentada por Paulo Varelo Barceló y Elmer Enrique Rudas Menco, la Procuradora Provincial, Karen Contreras Andrade, les endilgó falta disciplinaria gravísima, cometida a título de dolo, al haber extralimitado el ejercicio de sus funciones al debatir, aprobar y expedir el Acuerdo 00199 del 7 de marzo de 2016, por medio del cual fue creado el Fondo de Fomento del Desarrollo del Deporte en Soledad, que con anterioridad la misma Corporación lo había eliminado.

Además, a través del mismo Acuerdo impuso, como forma de financiación del Fondo, un impuesto del 1,5% sobre todos los convenios y contratos suscritos por el municipio de Soledad y sus entes descentralizados, “sin tener las facultades legales y reglamentarias para hacerlo”.

Según el experto en la materia, Mauricio Rodríguez, ante el fallo de primera instancia, los 19 concejales enfrentan distintos escenarios, dependiendo de las decisiones finales que adopte la Procuraduría Provincial de Santa Marta, así:

1) Actualmente, con el fallo de primera instancia, los 19 concejales no tendrían inconvenientes para participar en el debate. Sin embargo, si la Procuraduría confirma plenamente el fallo, quedaría en firme la sanción de destitución e inhabilidad, lo que los dejaría fuera del escenario político y no podrían aspirar en las elecciones.

2) Si la Procuraduría revoca el fallo de primera instancia y decreta la absolución, los 19 concejales podrían aspirar en el nuevo debate.

3) Si la Procuraduría cambia la calificación de la culpabilidad, la sanción se les podría convertir en suspensión (de 1 a 12 meses), lo cual no generaría inhabilidad y podrían ser elegidos.

4) Si resultan elegidos el 27 de octubre y la Procuraduría confirma el fallo, por ejemplo, en el mes de noviembre, no se podrán posesionar.

5) Si la Procuraduría confirma el fallo antes del 27 de octubre y aún así participan en el debate y son elegidos, incurrirían en un delito tipificado en el reformado Código Penal, que señala lo siguiente:

“Artículo 389A. Elección ilícita de candidatos. El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Por lo pronto, la decisión cobija a los siguientes concejales.

- Rodrigo Edinson Martínez Rodríguez, Alvaro Enrique Martínez González, Adriana Marcela Molinares Manera, Juan Carlos Orozco Llerena y Ruber Antonio Cartagena Llano (Cambio Radical).

- Enrique Horacio Del Castillo Jiménez, Johnny Eduardo Pulgar Severiche y Daniel Iván Florián Reales (Partido de La U).

- Ricardo Arcón Hereira, Astrid de los Milagros Barraza Mora y Félix Alberto Donado Escorcia (Partido Conservador Colombiano).

- Robin Basilio Castro Fallace y Ruby de Jesús Puente Garizábal (Partido Liberal).

- Gladys Magdalena Arraut Varelo y Monte Wuiliano Valbuena Rojas (Partido Opción Ciudadana).

- Julio César Cabrera Rodríguez y Alexandra Patricia Hernández Navas (Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-).

- Robinson José Buelvas Vergara (Centro Democrático).

- Jorge Humberto Mejía iriarte (Partido Alianza Verde).

Es de anotar que si el fallo es confirmado antes del 27 de octubre, el período sería terminado por quienes siguen en la lista de cada uno de los partidos, de acuerdo con el número de curules alcanzadas.