Por María Correa

Abogada y lideresa social y ambiental

En las últimas tres semanas el debate sobre Ciudad Mallorquín ha desatado nuevos hechos noticiosos.

La procuradora Margarita Cabello anunció que ya tiene listo el informe de ‘recomendaciones y observaciones’ como resultado del seguimiento al proyecto, el cual socializará próximamente con Argos y la sociedad civil.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, presentó una síntesis del informe elaborado por la comisión técnica sobre la ciénaga de Mallorquín, en su fase diagnóstica.

La ministra advirtió sobre la presencia de serias irregularidades y afectaciones en el cuerpo de agua y en el área donde se construye Ciudad Mallorquín.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al verificar los límites de la zona RAMSAR en la ciénaga de Mallorquín, encontró que el marco normativo aplicado para la aprobación y ejecución de las obras del Ecoparque, el Tren Turístico y el ordenamiento de playas en Puerto Mocho, así como los desarrollos inmobiliarios en el predio el Pajonal, no se ajustan a las determinantes de superior jerarquía que rigen para un humedal RAMSAR.  Mallorquín es un humedal RAMSAR y, sin embargo, los criterios ambientales y ecosistémicos fueron subordinados al Plan Maestro Ciénaga de Mallorquín y  a las obras que el Distrito de Barranquilla adelanta sobre la ciénaga. Violentando de esta manera los términos de protección que establece esta normativa internacional. Esta es una de las primeras grandes irregularidades que afectan integralmente el manejo del ecosistema.

Las obras turísticas sobre la ciénaga de Mallorquín, que construye el Distrito de Barranquilla, no debieron ser adelantadas en un ecosistema que aún no está restaurado, lo cual ha agravado su situación actual. La ciénaga continúa en estado crítico. Su destino inexorable pareciera ser su desaparición, a menos que se le descontamine radicalmente.

Es obvio que todo se hizo al revés: primero se debió descontaminar la ciénaga, garantizar el flujo de agua dulce desde el río Magdalena y el arroyo León, frenar las invasiones por la necesidad de vivienda en Las Flores y La Playa, realizar el sellamiento técnico del antiguo relleno sanitario, estabilizar la barra de arena en Puerto Mocho, entre otras acciones, y reconocer y preservar las zonas de amortiguación ecológica como el ecosistema El Pajonal. Esta es una situación que distintas voces veníamos exponiendo sin encontrar eco en el orden local, regional y nacional hasta ahora. Y por fin el Ministerio de Ambiente nos interpretó. Aplaudimos eso.

La construcción del parqueadero del ecoparque sobre 1.2 hectáreas, dentro de la jurisdicción RAMSAR y sin un análisis del impacto ambiental de la obra, evidencia lo que suponemos es una confusión de nuestras autoridades ambientales locales con relación al tipo de ordenamiento jurídico que rige la ciénaga de Mallorquín. Por ende, colegimos que las demás obras que se hicieron al interior de la ciénaga deben estar en iguales circunstancias jurídicas.

Por otro lado, el POT de Barranquilla y el PBOT de Puerto Colombia no reconocieron en su contenido los límites y criterios del humedal RAMSAR como determinante ambiental de superior jerarquía y, por lo tanto, viabilizaron un modelo de urbanismo de alta densidad mediante las figuras de expansión urbana en áreas  de amortiguación ecológica de la ciénaga, afectando la capacidad de adaptación del ecosistema al cambio climático.

Y ni qué decir del certificado de factibilidad técnica para el abastecimiento de agua potable a los proyectos de Ciudad Mallorquín por parte de la Triple A. Tal viabilidad estaba supeditada a la puesta en funcionamiento del acueducto del Norte, una obra que apenas está en construcción, es decir, que para la fecha de aprobación del Plan Parcial y la expedición de licencias por parte de la alcaldía de Puerto Colombia el acueducto del Norte no estaba en funcionamiento.

Todo esto venía ocurriendo desde hace tiempo y, gracias al debate ciudadano promovido alrededor de Ciudad Mallorquín, las autoridades del orden nacional decidieron abrir una línea investigativa amplia sobre todo el sitio RAMSAR. Dedicaron una mirada exhaustiva al tema y comenzaron a evaluar el ecoparque, el tren turístico, el urbanismo, la normativa ambiental local, los planes de ordenamiento del territorio, el tratamiento de las aguas residuales y el rol de las autoridades ambientales locales en todo este conflicto.

Lo evidenciado por el Minambiente implica toda una serie de omisiones que involucra también a todo el Sistema Nacional Ambiental, pues no obró de oficio en la verificación y controles, sino a petición de la ciudadanía ante la evidencia de unos hechos que venían ocurriendo y que clamaban a gritos ser atendidos. Aunque un poco tarde, finalmente se nos escuchó a todos.

Las reacciones de la CRA

Además del anuncio de abrir el proceso de actualización del  POMCA, para corregir lo que haya que corregir, el director Jesús León Insignares, expresó que, tras recibir las recomendaciones del Ministerio de Ambiente sobre el proyecto Ciudad Mallorquín, se actualizarán las determinantes ambientales del área del proyecto. Además, no se aprobarán más planes parciales sin soluciones para el manejo de aguas residuales en áreas sin conexión a alcantarillado público, incluyendo diseño técnico, cálculo de caudal, tipo de descarga (suelo o cuerpo de agua) y tratamiento para reúso.

Los diálogos con Argos

Finalmente, y no por ello menos importante, Horacio Brieva y María Correa, como parte de la sociedad civil, hemos sido invitados por Argos a un espacio de diálogo que ellos han llamado de reflexión sobre diferentes aspectos problemáticos del proyecto. Resaltamos que los elementos principales de nuestros diálogos residen en lo ambiental y lo social. Hemos solicitado que el área remanente de 124 hectáreas en Pajonal se mantenga sin intervención. Argos ha propuesto reservar para áreas de protección ambiental 60 hectáreas colindantes con la Vía de la Prosperidad y alrededor de 4 hectáreas colindantes con la Avenida Circunvalar y Carrera 53, en el predio Pajonal, así como la reserva para áreas de protección ambiental de 50 hectáreas en el predio Las Pavas Sur.

En estos puntos se debe seguir avanzando para lograr, ojalá, por la vía del diálogo y los consensos, el mayor número posible de áreas que puedan ser cobijadas por una de las figuras de protección ambiental.

En cuanto a la PTAR, Argos ha anunciado la disposición de ceder el área que se requiera en la Cantera El Triunfo, la cual cuenta con una extensión aproximada de 100 hectáreas, para que se aborde desde ese espacio la construcción de la planta de tratamiento por parte de la Triple A, la Alcaldía de Puerto Colombia y la Alcaldía de Barranquilla. Esto daría solución al manejo de las aguas residuales de la zona noroccidental de Barranquilla y el área de conurbación del municipio de Puerto Colombia. Esta alternativa estaría condicionada a la viabilidad técnica que deberá emitir la Triple A para tales efectos.

En desarrollo del tema social hemos propuesto a Argos una  iniciativa de seguridad alimentaria que involucre a la población de pescadores de Las Flores y La Playa, una apuesta muy interesante que podríamos seguramente jalonar con la concurrencia de la CRA y el Gobierno Nacional.  

Interpretamos que todas las posibles cesiones que haga Argos, en el marco de estos diálogos, de concretarse finalmente, serán de la prerrogativa de ellos, de su exclusiva voluntad y como resultado de una reflexión derivada del debate público promovido por variadas voces de la sociedad civil. Hay dos caminos: las acciones jurídicas y el diálogo, ambos en favor de la ciudad y la naturaleza. Personalmente, no quisiera tener que esperar 18 años, evocando el caso de Colina Campestre, para la obtención de una victoria para la naturaleza, seguramente en ese momento irremediable.