La disputa de tierras y el vacío de poder tras la desmovilización de las FARC ponen en riesgo a la población y líderes sociales del sur del departamento colombiano de Córdoba, donde esta semana una joven madre fue asesinada delante de uno de sus hijos.

La víctima, María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años y madre de cinco hijos, fue tiroteada por desconocidos en una de las calles de un barrio humilde de Tierralta, municipio del sur de Córdoba donde, al igual que en los vecinos Montelíbano y Puerto Libertador, la población civil está en riesgo permanente por la presencia de diversos grupos armados ilegales.

Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de esos tres municipios están a merced de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los grupos paramilitares y enfrentadas a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.

En el caso de Hurtado, cuyo brutal asesinato y el desgarrador lamento de su hijo han estremecido a Colombia, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo a periodistas que al parecer "estaría relacionado" con una venganza de un cabecilla del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que es como las autoridades llaman a las AGC.

El director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a Efe que la mujer asesinada "no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde" de Tierralta, Fabio Otero.

De esta manera salió al paso de un comunicado de la Alcaldía del municipio que horas después del crimen afirmó que Hurtado no era una líder social y tampoco estaba amenazada por las Águilas Negras, otro grupo heredero del paramilitarismo.

"El control paramilitar de las Águilas Negras y de las AGC sigue latente en Tierralta ante la vista gorda de las autoridades locales, policiales y militares", afirmó el director de Cordobexia, organización que denunció el asesinato de Hurtado.

La mujer, procedente de Puerto Tejada,  departamento del Cauca (suroeste), se había establecido en Tierralta en busca de mejor vida, y esta madrugada su féretro llegó a su pueblo natal.

Pese a la indignación nacional por el crimen expresada en las redes sociales, el cadáver de Hurtado era velado este domingo casi en soledad en casa de su madre, Juana Montaño, acompañada solo por dos familiares, pudo constatar Efe, y su sepelio será este lunes.

Según Chica, más allá de si la víctima era reconocida como líder social o no, "estaba dentro del proceso de invasión del predio" de la familia del alcalde y su asesinato puede estar relacionado con esa situación.

"Esto ha llevado a una serie de amenazas sistemáticas y de asesinatos sistemáticos. Con María del Pilar son cuatro personas asesinadas por criminales que llegaron hasta sus casas y las mataron", afirma.

Por esas amenazas, "a Albeiro tocó sacarlo de Tierralta", dice sobre el presidente de Cordoberxia y secretario técnico del Consejo de Paz y Derechos Humanos de Tierralta, Albeiro Begambre, cuyo nombre apareció junto al de otros líderes sociales de la zona en un panfleto de las AGC que circuló el pasado 1 de junio.

La lucha por la tierra, que está en el origen del conflicto armado colombiano, no es algo nuevo en el sur de Córdoba, donde desde hace décadas paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a sangre y fuego los campos, dejando un reguero de muertos.

El nuevo escenario de enfrentamiento que tiene bajo fuego cruzado a los líderes sociales se origina "a partir de la dejación de armas por parte de las FARC y la subsiguiente generación de un vacío de poder capitalizado por las AGC para consolidar el ejercicio de poder hegemónico sobre la población, el territorio y las economías ilícitas", advirtió la Defensoría.

La alerta de este organismo que vela por los derechos humanos añade que este contexto de creciente hostilidad entre grupos armados ilegales en el sur de Córdoba "tiende a agravar los riesgos para líderes sociales, étnicos, comunitarios, de Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos".

Ese riesgo lo corren porque "intentan administrar justicia, reivindicar derechos y contribuir a la implementación de los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz" con las FARC, referentes al desarrollo rural integral -que incluye una profunda reforma del campo colombiano- y solución al problema de las drogas ilícitas.

En esa disputa sin fin por territorios en el sur de Córdoba que ahora libran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidentes de las FARC, María del Pilar Hurtado es la víctima más reciente y engrosa la lista de colombianos asesinados a cuentagotas, la misma suerte que corrió el 7 de junio el exguerrillero de las FARC Jorge Enrique Sepúlveda en una zona rural de Tierralta.

El desangre se repite en varias regiones de Colombia y según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de un conflicto armado que se resiste a desaparecer.

EFE