Por Cecilia De Alba Narváez, Comisaria de Familia

La lucha contra la homofobia y transfobia se conmemoró el pasado 17 de mayo. Vale  la pena hacer un llamado  a la sociedad y al gobierno, porque muy a pesar que en Colombia con la Constitución del 91, se abrió un abanico de garantías de derechos de la población LGBTI, que la Corte Constitucional desde 1993 se ha pronunciado a favor de esta población,  logrando que puedan ingresar a la Fuerza Pública, afiliar a su pareja a la seguridad social, contraer matrimonio y adoptar hijos, reasignarse su sexo, cambiar su sexo en documentos de identidad, expresarse con cariño en público, aún estamos lejos de afirmar que la sociedad ha superado estereotipos y prejuicios que los discriminan.

Para el 2022, al menos 148 personas LGBTI fueron asesinadas, en el 2023, 159 y en los que va del año 18 personas.  La Defensoría del Pueblo atendió en el 2023, 480 casos de violencia.  Para Caribe Afirmativo la impunidad en crímenes contra esta población alcanza la escandalosa cifra del 87 %.

Lea también: Colombia se embarca en el reto científico de investigar el Galeón San José

En su boletín del 2023, la Defensoría del Pueblo ha mencionado que persisten las limitaciones en el ambiente educativo, el acoso o matoneo, la discriminación aumenta la deserción escolar e impacta negativamente las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional y, por ende, de desempleo y pocas oportunidades laborales para esta población minoritaria.

Por otro lado, afirma que las entidades de salud se niegan a brindar los procedimientos para el cambio de sexo, y deben acudir a las acciones de tutela, la Clínica de Género del Hospital Tomás Uribe en Tuluá, donde se realizaban las cirugías de reafirmación de género a pacientes de la región cafetera, por falta de recurso ha dejado de funcionar.

También puede leer: Asaltan camión de valores en Santa Marta cuando surtía un cajero automático

 Sobre la violencia por parte de uniformados de la Policía Nacional en contra de las personas OSIGD-LGBTI, persiste la utilización de métodos irregulares, actos de violencia física y verbal, traslados sin justificación, imposición de multas, aplicación de medidas correctivas sin fundamentos válidos y diversas formas de intimidación hacia las personas afectadas.

La violencia en el contexto familiar es otra forma de discriminación que sufre, especialmente después de salir del closet, la familia busca invisibilizarlo, avergonzarlos, hasta expulsarlos de la familia. Lo que los obliga a agruparse con sus pares, y los aleja de sus procesos educativos y culturales. 

Le puede interesar: Sicarios dispararon contra un grupo de personas en La Luz: un muerto

Urge en Colombia que el Congreso de la República legisle sobre la materia y garantice a esta población su real protección, que obligue al funcionario público a capacitarse y cese la discriminación institucional, que se creen protocolos y prácticas en planteles educativos y de salud, que la fuerza pública acabe con las prácticas discriminatorias y se amplíen los cupos de admisión para esta población, que se estimule la empleabilidad y fomente la microempresa y especialmente  que se baje la impunidad en los delitos basados en el odio a la diversidad sexual o de género.