La Contraloría General de la República anunció este martes el inicio de juicios de responsabilidad fiscal en la investigación del ente de control por los retrasos en la ejecución de 26 obras de infraestructura educativa en la Costa.

Los juicios de responsabilidad fiscal involucra a diferentes sectores tanto actores público como privados y también a interventores para establecer las responsabilidades por los recursos públicos que se han invertido.

Las obras se ejecutan con una inversión de 171 mil millones de pesos con recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa 

Luis Carlos Pineda Téllez, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, dijo que alrededor de estos atrasos en las obras, hay unos temas asociados a la falta de licenciamiento. 

"En algún momento se comenzaron a hacer estos colegios sin tener en cuenta el tema de planeación. Y esto ha sumado dificultades en la Planeación. Falta de licencia. Recordemos que toda obra pública requiere unos temas ambientales, unos temas sociales,  en ese momento no se tenía claridad respecto a situaciones", afirmó Pineda Téllez.

Para estas obras que deben beneficiar a 26.359 estudiantes, se optaría por nuevos oferentes.

Luis Carlos Pineda Téllez, indicó que "se anunciaron procesos de incumplimiento por parte del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Pero presten atención a procesos de responsabilidad fiscal que se encuentra en trámite en la Contraloría General de la República, entre ellos a los contratistas que no presentaron una adecuada ejecución del contrato"

Recordó que "algunos contratistas no realizaron adecuadamente sus labores según se ha informado por parte del Fondo de Financiamiento".

La Contraloría conminó a las entidades públicas, contratistas y a la ciudadanía que contribuyan a la ejecución de estos proyectos.

En la estrategia de la Contraloría se han priorizado 231 instituciones en todo el país. De las 26 obras de infraestructura eductiva, nueve están en el Distrito de Barranquilla.

En el caso de la capital del Atlántico, estos proyectos presentan retrasos por falta de la licencia de construcción y los recursos que debe aportar el Distrito para su ejecución.