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El puerto de Barranquilla, en el tramo final del río Magdalena.
9:51 pm. Sábado 13 de Marzo de 2021
¿Hasta cuándo el cuento del ‘gallo capón’ de la APP del río Magdalena?
9:51 pm. Sábado 13 de Marzo de 2021
El proceso se encuentra suspendido en medio de la total incertidumbre.

Han transcurrido 8 años 1 mes y 29 días desde que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena -Cormagdalena-. abrió el primer proceso para la implementación de una Asociación Público Privada (APP), dirigida a la recuperación de la más importante arteria fluvial del país, sin que hasta el momento se tenga plena certeza sobre su real avance.

Actualmente, en la segunda convocatoria abierta para tal fin, el proceso de precalificación No. VJ-VE-IP-001-2019, se encuentra suspendido, generando toda clase de incertidumbre y tipificando lo que comúnmente se califica como el ‘cuento del gallo capón’.

Todo un proceso plagado de una variedad de factores que, incluso, involucran hechos de corrupción como en el caso de la firma brasileña Odebrecht, máxima accionista de la anterior contratación que hubo que ser liquidada. El otro socio de dicha empresa fue Valores y Contratos Valorcon S.A. -Valorcon-

Precisamente, la historia de este primer proceso se remonta al 15 de enero de 2013 cuando Cormagdalena abrió la convocatoria para seleccionar a un grupo de precalificados interesados en desarrollar este megaproyecto.

En esta convocatoria mostraron interés en participar las siguientes firmas: Promesa de constitución sociedad de objeto único Navega Magdalena S.A.; Consorcio Desarrollo Río Magdalena -Coderma- y Promesa de constitución de sociedad de objeto único Navelena S.A.S.

Luego, tras la apertura de la licitación pública, el 26 de mayo de 2014, el único precalificado que presentó oferta fue Navelena S.A.S., con la cual el entonces Director de Cormagdalena, Augusto Noe García Rodríguez, suscribió el contrato de APP No. 1, el 13 de septiembre de 2014 y el hecho de haber terminado como único proponente generó toda clase de suspicacias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El valor pactado fue de 1 billón 318.824 millones 175 mil 651 pesos, con un plazo de ejecución de 162 meses, de los cuales 18 para la etapa de preconstrucción, hasta 69 para la de construcción y hasta 84 para administración.

Sin embargo, 18 meses después de haberse firmada el acta de inicio (11 de diciembre de 2014), comenzaron a surgir graves problemas para la continuidad de la contratación.

En efecto, Navelena S.A.S. contaba con plazo hasta el 13 de junio de 2016 para acreditar la obtención del cierre financiero, lo cual no hizo. Ante ello, mediante Resolución 000179 del 30 de junio de 2016 Cormagdalena declaró el incumplimiento y le impuso multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada día calendario transcurrido desde que se configuró el mismo.

Esta decisión fue recurrida por Navelena S.A.S., pero confirmada por la Corporación, ante lo cual procedía la declaratoria de caducidad de dicho contrato.

Zonas que serían atendidas en el puerto de Barranquilla.

Por escándalo Odebrecht banca japonesa retiró crédito

No obstante, el 29 de agosto de 2016 Navelena S.A.S. presentó un plan y cronograma para la obtención del cierre financiero, por lo cual el 16 de diciembre del mismo año Cormagdalena cesó y archivó el proceso de caducidad que se adelantaba y aceptó la propuesta con una “oferta irrevocable de financiación suscrita por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)”.

Pero esto no fue suficiente para superar los problemas surgidos porque, poco después, tras destaparse el escándalo de corrupción internacional que involucraba a Odebrecht, con el 87% en la contratación, ante un requerimiento de Cormagdalena el SMBC declaró “como no cumplidas las condiciones para el otorgamiento de la financiación y, por tanto, extinguida la oferta de crédito”, extendida a la firma brasileña.

De inmediato, el 22 de febrero de 2017 inició las actuaciones administrativas para declarar la caducidad del contrato por la no acreditación del cierre financiero. Y el 23 de marzo del mismo año, mediante Resolución 0078 declaró “ocurrido el siniestro de incumplimiento definitivo y declaratoria de caducidad del contrato por el incumplimiento correspondiente a la obligación contractual de la obtención del cierre financiero”, ordenando, además, la liquidación del contrato en el estado en que se encontraba y el pago de las compensaciones por terminación anticipada en la etapa de preconstrucción, a favor de Navelena S.A.S., pero descontando de ellas los valores equivalentes a las multas impuestas a dicha firma.

Las compensaciones fueron liquidadas por 212.016 millones 939 mil 224 pesos, descontando de ello la suma de 18.648 millones 390 mil 449 pesos correspondientes a los bienes sujetos de reversión, para un valor definitivo de 189.068 millones 092 mil 362 pesos.

Sobre esta liquidación, Navelena reclamaba el pago de compensaciones por 347.900 millones de pesos y no aceptaba el descuento de los $18.648 millones por los bienes sujetos a reversión.

El acta de liquidación fue finalmente firmada por el entonces Director de Cormagdalena, Alfredo Varela De la Rosa, el 12 de octubre de 2017.

Un crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena también estuvo salpicado de corrupción.

Corrupción en adjudicación de crédito en BanAgrario

Es de anotar que a los hechos de corrupción que sacudieron a nivel internacional y nacional a la firma Odebrecht, se suman otros relacionados con el mismo contrato suscrito con Cormagdalena.

Se trata de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a un grupo de funcionarios del Banco Agrario de Colombia por el otorgamiento de un crédito de $120 mil millones a Navelena S.A.S. “a pesar del riesgo reputacional que tenía esta operación financiera, por la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil por temas de corrupción”.

El Ministerio Público también evidenció que los exfuncionarios del Banco “omitieron estudiar el nivel de endeudamiento del socio, y la capacidad de pago presente y futura del cliente al otorgar el crédito, pues para la fecha en que fue solicitado, el socio de Navelena "Constructora Norberto Odebrecht Colombia Ltda." estaba incurso en causal de liquidación, tenía pérdidas acumuladas cercanas a $226.600 millones y un nivel de endeudamiento del 99%”.

A juicio de la Procuraduría, la imagen del Banco Agrario de Colombia se afectó, “porque la exposición al riesgo que alcanzó por la obligación relacionada con Navelena generó un deterioro en la cartera comercial y un repliegue en las operaciones, según lo indicó el representante legal de la Sociedad Calificadora de Valores, BRC Estándar & Poors”.

La CG estableció varios hallazgos en desarrollo de la primera APP.

Hallazgos de la Contraloría

En desarrollo de esta misma contratación la Contraloría General de la República (CGR) le puso la lupa y encontró que Cormagdalena celebró tres contratos dirigidos al mismo objeto, el de ejercer vigilancia, control y seguimiento de la APP. Uno por interventoría, uno para un Equipo de Supervisión y un tercero de consultoría, asesoría, apoyo y acompañamiento con cargo a todos los recursos de la subcuenta de la Gerencia del Proyecto del contrato de APP.

Según la CGR, vencido el plazo previsto para la finalización de la etapa de preconstrucción del proyecto, Navelena S.A. debió cumplir con 11 obligaciones establecidas en la Cláusula 12, que fijaba como requisitos para la terminación de la preconstrucción, sin embargo no se logró el cierre financiero, uno de los requisitos necesarios para iniciar la etapa de construcción.

Otro hallazgo fue que Navelena S.A. optó por cambiar el enrocado (material rocoso) prometido en la estructuración del proyecto, para usar 100% sistemas geosintéticos (geobolsas, geotextiles y geotubos), fácilmente perforables por objetos cortantes, troncos y desechos arrastrados por la corriente. Lo anterior poniendo en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras.

Tampoco encontró claro cuál sería el sistema de drenaje o manejo de escorrentías superficiales y subyacentes al nivel del río para evitar que infiltre y desestabilice los taludes. Y estableció, además, que el suelo de cimentación (fondo del río) podría fallar y generar un colapso de la estructura.

La draga 'Bartolomeu Dias', en la adecuación del canal de acceso en Barranquilla.

Proceso actual con recurrentes aplazamientos

Tras el escandaloso y tortuoso proceso, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- abrió 31 de octubre de 2019 un nuevo proceso de precalificación, el No. VJ-VE-IP-001-2019.

De acuerdo con el cronograma previsto, este nuevo proceso de invitación a precalificar concluiría en una primera fase el 20 de febrero de 2020, con la audiencia de conformación de la lista de precalificados.

Cuando se pensaba que, por fin, se despejaría el camino para cristalizar este proyecto, cuyo valor estimado es de 1 billón 380.367 millones de pesos, ha sucedido todo lo contrario.

De manera reiterada, ha sido aplazada la audiencia de conformación de la lista de precalificados, en diez ocasiones, así:

- El 13 de noviembre de 2019 fue prorrogada hasta el 28 de febrero de 2020.

- El 13 de diciembre nuevamente fue prorrogada hasta el 14 de abril de 2020.

- El 26 de febrero de 2020 fue aplazada hasta el 10 de julio de 2020.

- El 20 de abril de 2020 fue prorrogada hasta el 1 de septiembre de 2020.

- El 26 de junio fue prorrogada hasta el 30 de septiembre de 2020.

- El 9 de julio  de 2020 fue aplazada hasta el 23 de diciembre de 2020.

- El 1 de octubre de 2020 fue prorrogada hasta el 24 de febrero de 2021.

- El 11 de noviembre de 2020 fue suspendido el proceso de precalificación hasta el 29 de enero de 2021.

En esta oportunidad se argumentó lo siguiente: “Con ocasión de la ejecución de los Estudios, la ANI ha identificado que es probable que algunas condiciones de la estructuración del proyecto que pueden tener un impacto en la precalificación, sean objeto de ajuste como resultado del avance de dichos Estudios.

“Adicionalmente, la entidad considera pertinente que, como parte de dichos Estudios, se continúe con el análisis y valoración de los impactos que el fenómeno mundial de la pandemia del virus SARS-CoV-2 pueda generar sobre las condiciones de participación de los posibles interesados en la Precalificación.

“Por lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada satisfacción del interés público con el sistema de precalificación iniciado para el Proyecto, por medio del presente aviso la ANI suspende la precalificación hasta el 29 de enero de 2021; plazo que se estima pertinente y razonable para avanzar con los Estudios del Proyecto e identificar los impactos que los resultados de los mismos puedan conllevar en las condiciones de la Invitación, sus anexos y apéndices”.

- El 28 de enero de 2021 fue prorrogada la suspensión de la precalificación hasta el 4 de marzo de 2021.

- El 3 de marzo de 2021 fue prorrogada nuevamente la suspensión de precalificación hasta el 16 de marzo de 2021, con los mismos argumentos iniciales.

Así las cosas, actualmente el proceso de precalificación se encuentra suspendido y seguramente la ANI dispondrá nueva fecha para la audiencia. Lo que sigue retrasando la convocatoria, sin saber por cuánto tiempo seguirá el cuento del ‘gallo capón’.

Lo que llama la atención es que desde el nivel central, la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, ha mostrado un inusitado interés por el proyecto de restauración de todo el sistema del Canal del Dique, lo cual es válido si también pusiera el mismo empeño en sacar adelante la APP del río Magdalena, sobre cuyo proceso no ha dicho “ni pío”.

 

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