Los municipios de Luruaco, Polonuevo, Baranoa, Sabanalarga y Repelón constituyen los territorios de mayores riesgos para la población por el accionar de los grupos criminales en el Atlántico, de acuerdo con la más reciente Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a cargo de Carlos Camargo Assis.

Según la Defensoría, estos municipios del centro del departamento representan un importante valor geoestratégico dado que es un corredor habilitado de tránsito entre el interior del país y su principal puerto fluvial en el Distrito de Barranquilla. Pero, además, conecta el Área Metropolitana de Barranquilla y con dos zonas estratégicas del departamento de Bolívar: Cartagena y Montes de María. 

Estos corredores de movilidad son utilizados para el tránsito de drogas, armas y otras mercancías ilegales, lo cual hace que los actores armados se replieguen de una zona a otra con gran facilidad. 

Para la Defensoría del Pueblo lo que más llama la atención de esta peligrosa situación es que, de acuerdo con la información recogida en el monitoreo realizado, se pudo establecer que, en los municipios concernidos en esta Alerta Temprana, los Grupos Armados de Crimen Organizado han contratado, en una especie de modalidad “outsourcing” o subcontratación de pandillas y bandas de los municipios para que sean los encargados de manejar y controlar el negocio del microtráfico y el narcomenudeo. 

De esta forma, las bandas reciben y manejan una cantidad de droga que deben vender y distribuir por toda la zona para conseguir incrementar el consumo en estos municipios. 

Las bandas o pandillas que son subcontratadas están conformadas en su mayoría por niños y adolescentes que son los encargados de la distribución del microtráfico, además de alertar a los cabecillas sobre la presencia de patrullajes en los respectivos territorios.

Esto teniendo en cuenta que los niños y adolescentes no son susceptibles de requisas por parte de las autoridades, lo cual facilita el delito del microtráfico callejero. Y en el caso de las niñas la situación es más complicada porque un operativo de requisa, en la vía pública, sería objeto de cuestionamientos ciudadanos.

Zozobra y terror en la población

Cabe anotar que en la Alerta Temprana emitida en 2020 la Defensoría advirtió que la presencia en Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia de un cúmulo de estructuras delincuenciales que incluyen grupos armados nacidos de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia como los son las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos recientemente reconfigurados como ‘Los Nuevos Rastrojos’ y el ‘Nuevo Bloque Costeño’. Además de los grupos de criminalidad organizada regional y local como ‘Los Costeños’ (también llamados ‘Los Nuevos Costeños’), el ‘Bloque Central Renacer’, ‘Los Papalópez’ y ‘Los Vega’.

En esencia, en concepto de la Defensoría, estas organizaciones han impuesto una serie de mecanismos violentos de control social y territorial que generan zozobra y terror en la población que reside en vastos sectores urbanos bajo su influencia. 

“En este sentido, los hechos violentos identificados son expresiones de una estrategia de control territorial que busca garantizar el monopolio de las economías ilegales del narcotráfico, las extorsiones, la trata de personas, entre otras actividades ilícitas y que en su conjunto configura un preocupante escenario de riesgo para el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la población civil que se encuentra expuesta y vulnerable a la presencia e imposición de mecanismos violentos”, argumenta la Defensoría.

Las acciones de los grupos criminales

De esta forma, en el escenario de riesgo advertido en la nueva Alerta Temprana convergen varios factores:

- Enfrentamientos, reacomodos de equilibro y ajustes de cuentas entre las estructuras delincuenciales por el control de las economías ilegales a través  de homicidios, castigos ejemplarizantes como los desmembramientos de cuerpos y ejercicio de la violencia no sólo contra los miembros del grupo adversario sino contra sus familiares;

- Disputas al interior de las estructuras delincuenciales por el ascenso en las jerarquías también a través de homicidios y castigos ejemplarizantes como los desmembramientos; 

- Imposición de normas de convivencia en las zonas bajo control de las estructuras como patrullajes en áreas rurales de estos municipios, por parte de grupos de hombres fuertemente armados, y restricciones a la movilidad de la población;

- Agresiones contra líderes y lideresas sociales, comunitarios y personas defensoras de derechos humanos que vienen realizando procesos de exigibilidad de derechos, acciones de prevención de la utilización ilícita de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y del consumo de sustancias psicoactivas.

Las zonas de influencia en los municipios

Según la Alerta Tmprana de la Defensoría, las áreas de influencia de los grupos armados ilegales corresponden a los barrios ubicados en las zonas urbanas periféricas que presentan altos índices de conflictividad social de la siguiente manera:

- Baranoa. Barrios Las Américas, La Candelaria, 11 de noviembre, El Oasis, Barahona, El Pradito y 1° de Enero. Los corregimientos de Campeche, Sibarco y Pital de Megua

- Polonuevo. Barrios La Victoria, Camilo Torres, San José y Miraflores.  Corregimiento de Pitalito

- Luruaco. Barrios Villa Arinda, San José, Jhon Kennedy, El Progreso, 19 de marzo, Rosa María, Abraham Juan – Las Casitas, Villa Estadio, La Esperanza, Felipe Rivera, Las 30, La Mojana, La Popa, la Ceiba, Federico Cervantes y sector del parque de la Virgen. Los corregimientos de Arroyo de Piedra, Santa Cruz, Peendales y San Juan de Tocagua.

- Sabanalarga. Barrios 7 de agosto, Villa Esperanza, Villa Concepción, Los Claveles, Los Manguitos, Villa Florida, Primero de Diciembre y Los Ángeles. Los corregimientos Isabel López, Molineros, Cascajal, Colombia y La Peña.

- Repelón. Barrios Nuevo Milenio, Las Narváez, Las Flores, Kennedy, San Miguel, San Marcos, Lopera y Villa Canal. Los corregimientos de Las Tablas, Cien Pesos, Rotinet, Villa Rosa, Arroyo Negro y las veredas de Pita y Repelón.

Homicidios selectivos

Como consecuencia de este accionar delictivo, según Medicina Legal, durante 2021, en la subregión Centro incluyendo al municipio de Repelón, se presentaron 43 homicidios y en lo que va del 2022, se han presentado 9 homicidios, cuya modalidad más frecuente es el sicarito con un 72% de los casos.

Esto coincide con la tipología utilizada por los grupos de criminalidad organizada y grupos armados organizados en contextos urbanos, “quienes mediante la acción sicarial administran el miedo y la violencia, con el fin de mantener el control social y territorial de las zonas donde hacen presencia. 

Se presume que, la acción sicarial estaría relacionada con ajustes de cuentas, control social (para quienes no se someten a las normas de conductas impuestas) y a castigos ejemplarizantes para quienes se niegan a pagar las contribuciones forzadas o extorsiones”.

Algunos de los homicidios presentados en la zona son:

- El 7 de septiembre del 2022. El empresario Jorge Jiménez Mesino, miembro de la junta directiva de Cootransa y exdirector del hospital de Repelón.

- 5 de junio de 2022. Carlos Adolfo Mercado Carroll fue baleado por hombres que se movilizaban en motocicletas, en una zona conocida como “La Voz del Pueblo” de Sabanalarga, dos días después falleció en el hospital municipal.

- 22 de marzo del 2022. Asesinado Rafael Vicente Escorcia Cabarcas, de 32 años de edad, en la trocha las Lajas, zona rural del municipio de Sabanalarga

- 26 de octubre del 2022. Asesinato de José David Ruiz Durán, de 51 años, en el barrio Las Claritas, del municipio de Repelón, Atlántico.

- 6 de octubre del 2021. En medio de un procedimiento policial fue asesinado un joven conocido como “El Biche”, hecho que generó asonada en el municipio de Luruaco.

- 6 de agosto del 2022. En el municipio de Repelón fue asesinada Estebana Bravo Ospino, quien recibió siete impactos de bala, en diversas partes del cuerpo, mientras que Kelly Royero Pastrana, resultó gravemente herida.

- 17 de julio del 2021. Asesinato de Breiner Escalante San Juan, en el barrio Villa Carolina del municipio de Baranoa.

- 15 de julio del 2021. Asesinado al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nuevo Amanecer de Aguachica, Cesar, Alexander Escobar Molina, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

- 10 de junio del 2021: en zona rural que del municipio de Sabanalarga conduce hacia Luruaco, fueron asesinados con tiros de gracia Yisel Paola Tovar Cuello, conocida como ‘la Mona’, de 20 años de edad, y Brayan Manuel Romero Hernández de 24 años, también conocido en el municipio como “El Brayita”.

Extorsiones bajo fachada de “vigilancia comunitaria”

Del mismo modo, la Defensoría señaló que otra de las conductas vulneratorias que se presentan en la sub región son las extorsiones o contribuciones forzadas y arbitrarias, donde las principales víctimas son los pequeños y medianos comerciantes quienes optan por pagar altas sumas de dinero para mantener sus negocios abiertos y a sus familias seguras. 

En algunos barrios y zonas rurales se presenta la modalidad de cobro de extorsiones casa a casa o bajo la fachada de vigilancia comunitaria. 

Esta práctica delictiva se ha venido extendiendo por todo el departamento, con el agravante de que, en muchos casos, está relacionada con homicidios, desplazamientos forzados y despojo de viviendas de quienes se niegan a pagar las contribuciones forzadas.

Entre los sectores más críticos para la comisión de este delito se encuentra el municipio de Baranoa, donde varios pobladores han denunciado extorsiones, entre ellas lideresas sociales que hacen parte de la Mesa municipal de Víctimas y del Consejo Municipal de Paz, las que devengan sus recursos del comercio, incluso varios funcionarios públicos de la alcaldía informaron que también han sido víctimas de este delito.

En este aspecto llamó la atención la situación de los establecimientos comerciales ubicados sobre la vía La Cordialidad. Varios de ellos manifestaron que desde hace algunos años han sido presionados por estos grupos para el pago de estas contribuciones, además han manifestado presiones para poner sus negocios al servicio de estas estructuras, lo que costó la vida de la dueña del establecimiento Black and White, uno de los de mayor tradición en el municipio de Baranoa, donde el 22 de septiembre del 2020 fue asesinada Madeleine Montes, quien según autoridades municipales, debido a que se oponía a la venta de estupefacientes en el sector.

Extorsión desde celulares y redes sociales

Según las autoridades, el delito de extorsión por lo general se comete desde los centros de reclusión penitenciarios, las cuales se realizan a través de teléfonos celulares, ya sea mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o vía whatsapp.

Todo ello a pesar que la utilización de estos elementos de comunicación es una de las prohibiciones explicitas que se encuentra contenida en el capítulo II, articulo 50, de la resolución 006349 del 19 de diciembre del 2016; “lo cual denota la precariedad del sistema penal para conjurar el crimen, dado que desde las mismas instalaciones de los establecimientos de reclusión se sigue delinquiendo”.

Violación de derechos a niños, niñas y adolescentes

Durante el monitoreo llevado a cabo por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) también se pudo establecer que el uso ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se da a partir de los 12 años de edad para ejercer actividades de vigilancia, como informantes y mensajeros; transporte de suministros, armas y elementos de apoyo para el grupo; transporte de sustancias ilícitas; tráfico o microtráfico de sustancias ilícitas y hurtos.

Además de la utilización de otros NNA en extorsión; explotación sexual comercial infantil y trata de personas para explotación sexual.

En el proceso de monitoreo fuentes comunitarias advirtieron a la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de reclutamiento forzado en el departamento.

Al respecto, en municipios del Sur del Atlántico, específicamente en Candelaria, estaría ubicada una base para el entrenamiento militar de NNA procedentes de varios lugares de la Región Caribe, incluyendo la sub región Centro del departamento del Atlántico.

¿Drogas en los colegios?

Igualmente, la Defensoría advirtió con preocupación sobre el riesgo al que estaría expuesta la población de NNA, en los contextos educativos, por cuenta de las redes de microtráfico, que han logrado penetrar planteles escolares, mediante la utilización ilícita a de estudiantes, lo que convierte a estos entornos en factores de riesgo, contrarios a naturaleza protectora para esta población.

Una conducta que se encontró en todos los municipios monitoreados, es la violencia sexual y simbólica de la que son víctimas principalmente las niñas, quienes desde temprana edad son expulsadas de sus casas debido a factores de vulnerabilidad.

Es decir, las niñas se van de la casa, o son inducidas por la misma familia a irse de sus hogares en busca de provisiones (alimentación, vestido, vivienda, dinero), que conlleva a una supuesta mejoría en sus condiciones de vida.

Los panfletos amenazantes

Por otra parte, la circulación de panfletos amenazantes ha sido una práctica histórica por parte de los grupos que administran la violencia en el departamento de Atlántico, “lo que se presenta como una forma de administrar el miedo, generar zozobra en la población y lograr imponer normas de conducta, mediante las cuales se ejerce control sobre el territorio y sobre la población que lo habita”.

Pese a los efectos que la aparición de los panfletos tiene sobre el tejido social, resulta frecuente que los resultados de las investigaciones no dan cuenta de los responsables o estos sean desestimados bajo distintos argumentos.

Una modalidad cada vez más utilizada es el envío y circulación de panfletos y amenazas por medios digitales y redes sociales, a la que han acudido las estructuras criminales dado su alcance masivo, la rapidez con que puede llegar los mensajes, su efectividad, y economía, que se suma a la posibilidad de anonimato que ofrecen tales medios; lo cual constituye un factor determinante, para la consolidación territorial de las estructuras criminales.

“Al respecto, la impunidad para este tipo de crímenes se hace muy alta dado que, como lo manifestó la Fuerza Pública, al ser de tan rápida reproducción, es muy difícil rastrear el lugar exacto donde este se originó, lo que se complejiza un poco más debido a que acceden a cuentas falsas de internet o “piratas” de donde se originan los mensajes. Ejemplo de lo arriba referido, son las amenazas de las que han sido víctimas varias personas de estos municipios a través de la red social Facebook, algunas de ellas, integrantes de organizaciones de base o partidos políticos surgidos del proceso de paz con las extintas guerrillas de las FARC, o activistas LGBTIQ”, indica el informe.

Además de las amenazas en la Subregión Centro del departamento que circulan por diferentes medios, las fuentes comunitarias advierten que desde septiembre del 2021, han notado la presencia de acciones de patrullaje por zonas rurales de grupos de hombres fuertemente armados; algunos de ellos, se han visto en fincas aledañas a los corregimientos de San Juan de Tocagua (Luruaco), la vía que de Molineros conduce a Hibacharo (entre Sabanalarga y Piojó) y donde se encuentran ubicados los predios de Casa Mayor, Las Mercedes y El Antón, el corregimiento de Villa Rosa y la vía hacia Péndales (Repelón).

El objetivo de la Defensoría es articular acciones entre los diferentes organismos del Estado a efectos de neutralizar a los grupos criminales en el Atlántico.