El Gobierno presentará ante el Congreso una reforma a la Ley de Víctimas, legislación que ha estado en vigor desde 2011, con el objetivo de mejorar la atención brindada a las víctimas del conflicto armado y garantizar un mayor acceso a sus derechos, según anunciaron este jueves el Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas. 

"Tras 12 años de la Ley 1448 vamos a iniciar la confección del proyecto de ley para su reforma", señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien indicó que será presentado el próximo 20 de julio en el Congreso y contará con la participación de "todas las instituciones del Gobierno que están interesadas en el tema, la sociedad civil y otras instituciones". 

Por su parte, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, resaltó que para el Gobierno del presidente Gustavo Petro "es muy importante articular la política de víctimas con la de paz" y "hacer efectivos el acceso a los derechos de las víctimas". 

Asimismo, la funcionaria señaló que contribuir a la superación de los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales, identificadas en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, es otra de las apuestas de esta reforma. 

"Trabajar políticas que busquen soluciones efectivas y duraderas para atender asuntos (...) victimizantes como desplazamiento forzado y otros hechos que ocurren en medio del conflicto armado", explicó Tobón, quien anunció la realización de un foro que se desarrollará el próximo 26 de junio para escuchar las propuestas de los diferentes sectores. 

Reparar a las víctimas 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución creada en enero de 2012 a partir de la Ley 1448 y es la encargada de dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

La ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. 

Así mismo, la entidad reconoce que las personas por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación. 

Además de indemnizaciones económicas, el reconocimiento y reparación a las víctimas incluye ayuda psicosocial para 50.000 personas, al menos 45.000 viviendas gratuitas para población desplazada, unas 2.000 becas de educación superior y la exención de la prestación del servicio militar obligatorio para quienes han sufrido los rigores del conflicto. 

En diciembre de 2019, la Corte Constitucional amplió la vigencia de la ley, que culminaba en junio de 2021, al estudiar una demanda presentada por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, que aseguraban que la finalidad de la norma no estaba cumplida y que también afectaba la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.  

EFE