El abogado Jaime Lombana cuestionó el hecho de que el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, hubiese sido nombrado y, peor aún, mantenerse en el cargo, a pesar de tener serios procesos fiscales tras su paso por el Hospital Universitario Cari.

Lombana sostuvo que decidió presentar denuncias penales y disciplinarias contra Ulahy Beltrán, por entregarle al país cifras amañadas, mal intencionadas y mentirosas, sobre las deudas de las EPS, que luego el propio funcionario tuvo que desmentir y rectificar.

“Ustedes recordarán como este funcionario sostuvo que las deudas de las EPS ascendía y sobrepasaba los 50 billones de pesos. Eso se hizo con la intención de fijar en la mente de los colombianos un incumplimiento e incluso apropiaciones de dinero de EPS que no era cierto. A los pocos días el superintendente tuvo que reconocer, cuando fue desmentido por personas técnicas del sector salud, que la cifra no llegaba a sobrepasar los 23 billones de pesos, es decir, menos de la mitad”, expresó el jurista en entrevista con el periodista Jorge Cura en Atlántico en Noticias.

Esa información del Superintendente, agregó, “fue falsa, mentirosa y abiertamente mal intencionada para causar en el pueblo colombiano la convicción que las EPS estaban apropiándose de los recursos de la salud y que eran unos intermediarios que deberían ser liquidados. Esa falta de confianza, de objetividad y de transparencia por parte del Superintendente Ulahy Beltrán tiene que ser examinada”.

Afirmó que Beltrán tampoco puede minimizar las sanciones que a él le ha impuesto la Contraloría General de la República, “lo que demuestra que es una persona que siempre anda por el camino límite de la Ley.  No puede minimizar una sanción fiscal señalando que equivale a una sanción de Tránsito. No señor. Una sanción fiscal es la consecuencia de unos faltantes de dineros públicos, de una conducta incorrecta”.

“Lo mismo sucede acá con el tema de las cifras. Las EPS no pueden pagar las consecuencias de una persecución antigarantista, sesgada y con cifras mentirosas. Así lo haya rectificado y corregido tiempo después, pero evidentemente quedó en la sensación de los usuarios de la salud que las EPS no pagan los recursos por un monto de 50 billones de pesos., cuando era menos de la mitad”, señaló.

En su concepto, esto podría favorecer “a la política que él y su sector tienen en su animosidad de liquidar las EPS, modificar el sistema de salud y tratan de impactar con esas cifras mentirosas precisamente a los representantes del pueblo colombiano, a los congresistas, para darles la idea con mentiras y artimañas”.

Por eso también rechazó que se cuestione “la transparencia y honestidad del exministro Alejandro Gaviria, para impulsar la estrategia de reforma a la salud, pero avasallando y derrumbando los principios de veracidad en la prestación de servicios de salud y en las políticas públicas. Es una estrategia concatenada, encadenada, secuencial,  para esos propósitos interesados, subjetivos que la jurisdicción penal y disciplinaria tienen que dar cuenta de estas actuaciones que en mi concepto son reprochables”.

Reiteró que, en todo caso, “resulta inaceptable desde todo punto de vista que un Superintendente de Salud mienta con las cifras de su propio sector, en donde él es el depositario de las cifras, él es quien realmente las debe tener claras en su mente y en su entidad”.

Jaime Lombana también solicitó investigación penal y disciplinaria contra el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, “porque ante conductas similares procede a liquidar unas EPS como el caso de Convida controlada por la Gobernación de Cundinamarca, una entidad de derecho público, y frente a otras EPS el Superintendente no toma la misma decisión, lo que demuestra un sesgo, falta de objetividad y transparencia en el ejercicio de la función pública”. 

“Esto sin mencionar la manera grosera y displicente con que el Superintendente trata a los representantes legales de las EPS, tratándose de meros intermediarios, como si fueran unos meros comisionistas, y resulta que muchas EPS habrán cometido faltas, pero muchas otras son serias y cumplen con ese sagrado servicio de salud, demostrando una responsabilidad de acuerdo con el régimen establecido en el sistema de salud de nuestro país”, manifestó Lombana.

Cabe recordar que contra Ulahy Beltrán la Contraloría General de la República ha abierto procesos por daños fiscales cuando gerenciaba el Hospital Cari en Barranquilla.

En su oportunidad, la Contraloría adelantó una auditoría que calificó los resultados “con deficiencias”, señalando el grave deterioro en las cuentas por cobrar en cuantía de $20.506 millones; incremento en las cuentas de difícil recaudo por $36.866 millones y deterioro acumulado de la cartera por $49.065 millones.

La Contraloría también le calificó su falta de gestión y oportunidad en la radicación de las facturas, situación omisiva que incrementó la crisis financiera del Cari, afectando su patrimonio en 2.404 millones 210 mil 438 pesos.

“Desde el momento de su designación como Superintendente, con esos cuestionamientos fiscales, demuestra el comportamiento y la manera de resolver los actos funcionales por parte de Ulahy Beltrán. Lo que ha hecho respecto a las cifras es inaceptable. Es para mí violatorio de la Ley penal y de la creencia que deben tener los ciudadanos en la función de sus servidores públicos, de la confianza que debemos tener los administrados en sus fiscalizadores”, dijo al respecto el abogado Lombana.

“Del señor Beltrán lo único que hay de parte de los colombianos y mucho más de la gente del Atlántico, que lo conocen de cerca, es desconfianza, es fisura en esa transparencia que debe acompañar los actos públicos de un fiscalizador en una materia tan trascendente como la salud de los colombianos”, anotó.

Lombana puntualizó que “en un país serio un funcionario en estas condiciones no debería mantenerse en el cargo. Este no es un país serio, es un país de plastilina que demuestra que aquí la maldad normalmente triunfa”.