La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación contra tres exdirectivos de la empresa de servicios públicos Surtigas, que habrían desconocido y vulnerado las normas comerciales del derecho privado y con la presunta contratación irregular, según el material probatorio recopilado, aumentaron de forma ilícita su patrimonio personal.

 A la audiencia, prevista para el lunes 3 de diciembre en Cartagena, deberán comparecer Magín José Ortega Pareja, funcionario de Surtigas, quien se desempeñó como Gerente General; Ciro Said Lázaro Finamore; exgerente Administrativo y Financiero, y  Luis Carlos Tangarife Kalil, exdirector de Ingeniería y Construcción, quienes serán imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de los delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. 

"Estarían involucrados en la firma de 7 contratos entre 2013 y 2016, que contendrían varias inconsistencias y habrían comprometido la estabilidad económica de la empresa", indicó la Fiscalía.

La investigación se originó tras una denuncia de "supuestos actos de corrupción en Surtigas S.A. ESP, entre 2013 y 2016", que "convocó los esfuerzos de un equipo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, que realizó un trabajo análisis minuciosos de los procesos de contratación en la empresa y detectó siete contratos que por su valor económico y magnitud de las obras, arrojaron un alto nivel de riesgo administrativo".

Hechos

Surtigas S.A., distribuye gas natural y otros productos asociados en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Magdalena. 

En la revisión de los contratos que tenían como objeto la prestación del servicio de gas natural en la Costa Atlántica y la dotación de infraestructura, el correcto suministro, se encontraron varias anomalías en el trámite, celebración y liquidación de los contratos.

Para la Fiscalía General de la Nación es claro que, "aunque no se trate de una entidad pública, Surtigas, como empresa privada, debía cumplir con normas de contratación pactadas por las directivas de la misma".

Algunas de las irregularidades encontradas son las siguientes:

• Violación a los topes máximos para la suscripción de contratos.  El monto de contratación no podía superar los 800 salarios mínimos legales vigentes y, para esa época, representaba aproximadamente seiscientos millones de pesos ($600’000.000).
• En caso de superarse ese valor, debía solicitarse una autorización ante la junta directiva, algo que según los reportes encontrados no ocurrió en varios casos. • Violación de la Política de Aprobación de Transacciones (PAT).
• Omisión y verificación de las necesidades de la empresa antes de proceder a su contratación
• Violación al manual de pago de obra a contratistas, porque en varios casos no hubo interventores.
• Pago de obras sin que se hubieran finalizado.
• Duplicidad en la contratación: se contrató dos veces el mismo objeto y por esa razón se realizó doble pago.
• Revisión de contratos con posterioridad al inicio de los mismos: las actas encontradas señalaban que los contratos se suscribían y eran revisados después. • Ausencia de reportes de interventoría.
• Falta de soportes para el pago de contratistas. En algunos casos no existían comprobantes sobre la ejecución de las obras para gestionar los respectivos pagos.

Para la Fiscalía, "las inconsistencias detectadas pasan por alto varias disposiciones, no solo de carácter penal, sino mercantil y comercial. Por ejemplo, el estatuto mercantil señala la necesidad de conservar los archivos y comprobantes contables; asimismo, advierte que los comprobantes y soportes de los contratos deben hacer parte de la contabilidad, por lo que la ausencia de facturación es indicio de una irregularidad".