Mayda Alejandra Plata Álvarez es un nombre clave para entender el entramado de presunta corrupción que ronda la macabra alianza de los ex contralores Jesús María Acevedo y Fernando Fiorillo, y de la que también participa el exsecretario jurídico de la Gobernación del Atlántico Rachid Nader.

Guillermo Peña Bernal, gerente de la Triple A, denunció que Acevedo Magaldi le envió una propuesta por 90 millones de pesos, en las que recomendaba a Nader Orfale, para defender los intereses de la empresa, en los procesos que se llevaban en la Contraloría. Esa propuesta estaba firmada por Mayda Alejandra Plata Álvarez y era ella junto a Nader Orfale, quienes, en representación de esa firma de abogados, adelantaría la posible actividad contractual.

¿Recuerdan a la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT? fundada por Acevedo Magaldi, la misma que contrató 4.600 millones de pesos con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con exóticos objetos contractuales, más 600 millones de pesos más con la Gobernación del Atlántico y otro tanto con la Contraloría Departamental del Atlántico. Pues bien, de esa corporación también es representante legal Mayda Alejandra Plata Álvarez. Fue ella la que firmó la mayoría de los contratos, en su calidad de representante legal de CEIFIT.

Pero el apetito de esta gavilla parece no tener limite, a la hora de captar todos los escenarios en los que pudieran ubicar a sus fichas para cumplir su cometido. El 31 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia, por solicitud del contralor distrital, Jesús María Acevedo Magaldi, la señora Mayda Alejandra Plata Álvarez, fue contratada para “defender los intereses de la Contraloría distrital de Barranquilla”. Por ese contrato, la abogada Plata Álvarez, recibe aún la suma de 9 millones de pesos mensuales.

Entre tanto las investigaciones por estos hechos poco avanzan. Fiorillo, ha sido denunciado en reiteradas oportunidades y a la fecha no se conocen resultados concretos de esas indagaciones. Pedro Vaca Villareal, en su calidad de director ejecutivo de la Fundación para la libertad de prensa, lo denunció el 21 de enero de 2019, por presuntas “presiones que el contralor Fiorillo ejerciera sobre la periodista Amalfi Rosales, con el fin de que la reportera modificara el enfoque editorial de sus artículos que afectaban los intereses del funcionario, los que publicara a raíz de la investigación que le adelantaba la Procuraduría por presuntos actos de proselitismo durante la campaña presidencial de German Vargas Lleras”.

¿Hasta cuando tendremos que soportar que el ratón cuide el queso? Esperamos pronto una respuesta contundente y ejemplarizante por parte de los entes de control nacional.