La Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de 1.9 billones de pesos.

“Es hora de que en Colombia, el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro”, señaló el Fiscal General  Néstor Humberto Martínez.

"La minería ilegal en Colombia se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico" es la conclusión de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’, el esfuerzo de un equipo de contadores, investigadores y analistas de la Fiscalía que descubrió este ilícito para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014.

El jefe del ente acusador advirtió que para las organizaciones criminales resulta más rentable comercializar oro que cocaína, marihuana y otros estupefacientes.

Según explicó Martínez, "hoy, un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos tiene un valor de 20 a 25 mil dólares; mientras que un kilo de oro en el mismo país asciende a 42 mil dólares. Las estructuras económicas ilícitas, como la descubierta en la operación ‘Leyenda del Dorado– Fase I’, exportarían más que el oro producido por el país, a costa de la destrucción del medio ambiente y la afectación al sistema económico colombiano".

Operaciones ficticias

La comercializadora CI Metales recurría a diversas maniobras para hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos.

En el rastreo de esta cadena criminal, la Fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos que acaban con los recursos naturales en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, y era comprado por distintos proveedores.

Dieciocho de ellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, se constató que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas.

Se comprobó que la comercializadora, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas. Tan así que Guainía pasó a ser un departamento productor de oro que aporta el 0,71% del metal sin ser una zona aurífera.

Las operaciones ficticias detectadas por la Fiscalía también involucran a personas fallecidas con quienes la comercializadora supuestamente hizo compras de oro por 68 mil dólares, más de 200 millones de pesos.

En el proceso hay evidencia de la presunta participación de proveedores judicializados con anterioridad, que tendrían nexos ilícitos con la comercializadora CI Metales y habrían dado apariencia de legalidad a cerca de 150 millones de dólares.

Decisiones

Un juez de control de garantías de Medellín, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputa cargos a 12 personas que estarían involucradas en este esquema delictivo. Entre los procesados están los representantes de la comercializadora CI Metales, contadores, revisor fiscal y los proveedores falsos.

Los cargos contra los investigados son lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. 

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