Después de dos meses de ser declarada la emergencia, es poco o nada lo que ha cambiado en torno a la crisis carcelaria del país: se mantiene el hacinamiento y los servicios siguen siendo precarios.

Así lo señala un informe de la Defensoría del Pueblo en el que señala la preocupación por esta situación.

“Preocupa a la Defensoría del Pueblo que la crisis advertida a comienzos de año en los establecimientos carcelarios se traslade y agudice en los centros de detención transitoria como las URI y estaciones de Policía. Así lo dejan entrever los hallazgos de una visita de inspección humanitaria a la Estación permanente de Policía de Valledupar, donde hay cupo para 20 personas pero permanecen 193, es decir con un hacinamiento que asciende al 870 por ciento”, advierte el informe. 

Allí, no hay atención en Salud pues el Fondo Nacional, operado por Fiduagraria y Fiduprevisora, dice que no es su responsabilidad, sin tener en cuenta la situación jurídica de los detenidos.

Por si fuera poco, para las 193 personas encontradas al momento del registro, sólo hay disponibles un sanitario y dos duchas fuera de servicio y un orinal comunal con problemas de obstrucción, razón por la cual la población privada de la libertad se ve obligada a hacer sus necesidades en botellas y bolsas plásticas que luego son acumuladas con desperdicios de comida y toda serie de residuos, los cuales constituyen una amenaza evidente a las condiciones de salubridad en ese lugar.

Ante estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo tiene un curso una acción judicial encaminada a proteger los derechos de esta población, y seguirá vigilante al desarrollo de la emergencia carcelaria que aplica desde hace 2 meses en el país.

En el seguimiento al desarrollo de la medida de emergencia carcelaria, anunciada el pasado 5 de Mayo y oficializada mediante resolución el 10 del mismo mes, la Defensoría reconoce, al cabo de 2 meses y 8 días de su entrada en vigencia, algunos avances importantes frente al diagnóstico que este organismo adscrito al Ministerio Público había hecho señalando que al término del primer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las prisiones carecía de todo tipo de asistencia en salud para la población privada de la libertad. Hoy 101 cárceles del país cuentan con red hospitalaria y 114 se han puesto al día respecto a la recolección de residuos hospitalarios.

Sin embargo, la situación en algunos aspectos sigue siendo preocupante y existen factores puntuales de vulnerabilidad para los derechos de los internos, como sucede con las solicitudes de servicios médicos represadas, que alcanzan la cifra de 14.235.

No obstante la contratación de los prestadores, 91 establecimientos (equivalentes al 66 por ciento) reportan insuficiencia en el recurso humano y 71 (52 por ciento) en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, hecho que se ve reflejado en cárceles como la de Sincelejo, donde hace 8 meses las personas que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH) no reciben tratamiento.

Actualmente, la cifra de pacientes oficialmente registrados en el sistema es de 9.752, 520 más que los reportados antes de la emergencia carcelaria a nivel nacional. De ellos, 4.218 padecen hipertensión arterial, 2.255 son siquiátricos, 1.090 han sido diagnosticados son diabetes, 640 con VIH y 104 con cáncer.

Las cifras de hacinamiento se mantienen estables en el 55 por ciento, con una población de 121.249 internos frente a una capacidad instalada para 78.055, lo que representa un sobrecupo de 43.194 personas. Cabe señalar que según información oficial, hay otras 49.038 personas que se encuentran en prisión y/o detención domiciliaria, pero el personal de revista dispuesto por el Inpec es a todas luces insuficiente, como pasa también con los dispositivos de vigilancia electrónica pues de los 4.061 habilitados, 1.207 (el 25 por ciento) no están en funcionamiento por inconvenientes de carácter técnico.