Entre enero del 2022 y el 15 de marzo del 2024, en Colombia fueron registrados 438 conflictos sociales a causa de inconformismos de la ciudadanía con la prestación de servicios públicos domiciliarios, así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo en la reciente presentación de un informe en Cartagena, durante una sesión del Diálogo Defensorial para la Transformación.

El documento 'Conflictividad social asociada a la prestación de servicios públicos domiciliarios: Estudio de caso Bolívar, Sucre y Córdoba' evidencia que de todos los eventos, 203 estuvieron asociados al agua potable (46,3%) y 195 al servicio de energía eléctrica (44,5%); es decir, los dos servicios abarcaron el 90,9% de la totalidad de los conflictos manifiestos.

Los eventos tuvieron como causas, principalmente, la interrupción del suministro del servicio, las altas tarifas y la falta de infraestructura adecuada. Estos problemas afectaron en particular a comunidades vulnerables de zonas rurales y asentamientos irregulares. Bolívar, Sucre y Córdoba fueron los departamentos que más afrontaron la problemática.

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El informe, elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, también da a conocer que Magdalena fue el departamento que reportó la mayor cantidad de conflictos sociales, con 58 casos (13,2%); le siguieron Atlántico, con 57 (12,3%); Bolívar, con 54 (12,3%); Córdoba, con 31 (7,1%), y la Guajira, con 28 (6,4%). Los seis departamentos concentran el 58,9% de la totalidad de los eventos.

"Como institución de derechos humanos y en su compromiso constante con la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, participó durante el 2022 y el 2023 en 34 espacios de diálogo y mesas de negociación relacionados con conflictos generados por la prestación de los servicios públicos. La mayoría fueron realizados en Magdalena, Nariño, Cauca, Bolívar y Córdoba", indicó la Defensoría. 

Así mismo señaló la Defensoría del Pueblo que "teniendo en cuenta el aumento de la conflictividad y el impacto económico y social que afecta a las comunidades, les recomienda al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y a las empresas prestadoras de servicios públicos a atender las solicitudes de los ciudadanos y buscar alternativas que permitan la construcción conjunta de acciones, cuyo fin sea solucionar las problemáticas identificadas en el sistema de servicios públicos no solo en el Caribe, sino en las demás regiones del territorio nacional". 

En la sesión del Diálogo Defensorial fue acordada para el 19 de este mes la instalación de una primera mesa de trabajo, que contará con la participación de voceros del operador de energía eléctrica Afinia, lideresas y líderes de la comunidad, así como con representantes de los gobiernos de Bolívar y Cartagena. 

"El fin será tratar asuntos sobre la calidad y continuidad de los servicios, la construcción de las obras y el desmonte y la retirada de postes que están afectando la movilidad en un sector de Cartagena, pues la comunidad tiene programado para el próximo 30 de julio realizar un bloqueo en la vía La Cordialidad", puntualizó la Defensoría.