La Defensoría del Pueblo emitió la 'Alerta temprana'  012 de 2021 para seis municipios de los departamentos de Magdalena y Cesar.

En esta alerta se advierte riesgo por la presencia y accionar de actores armados ilegales como el 'Clan del Golfo' y 'Los Urabeños' en los municipios de El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista en Magdalena. 

De la misma forma, en Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar), se advierte riesgo por la presencia esporádica del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos de delincuencia común y 'Los Rastrojos', principalmente.

"La ubicación de estos seis municipios tiene una importancia estratégica por tres razones: Es el comienzo del Bajo Magdalena, el punto de confluencia entre el Magdalena Medio y el litoral Caribe, y por tanto un punto clave para las economías ilegales de narcotráfico y tráfico ilegal de oro. El complejo sistema de ríos, caños y ciénagas ribereñas de esta región es ideal para el transporte clandestino de mercancías ilegales", anotó la Defensoría en un comunicado.

Estos sistemas hídricos funcionan como costa interior de la región Caribe, zona de retaguardia y repliegue para las estructuras armadas. Además, por su cercanía a la frontera venezolana también hay presencia de economías ilegales asociadas al contrabando de gasolina, armas y tráfico y trata de personas. 

Según explicaron, "en estos sectores se encuentra una arquitectura altamente sofisticada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, y dispositivos de coerción responsables de garantizar entornos para el narcotráfico. Allí se halla una amplia y dispersa red de bandas criminales que terminan instrumentalizadas en función de los intereses de quienes controlan las economías ilegales asociadas al narcotráfico". 

Aunque no hay una histórica presencia del ELN en esta región, ni indicios sobre un intento por disputar el territorio a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se ha reportado la presencia esporádica de grupos pequeños de guerrilleros, además de la circulación de panfletos y la aparición de banderas alusivas al grupo, que bien pueden corresponder a acciones camufladas de otro grupo armado ilegal o a su presencia en tránsito por la zona.

"Se ha observado, sobre todo en los 3 municipios cesarenses, acciones de Los Rastrojos encaminadas a reclutar hombres con experiencia militar para trasladarlos a la zona de frontera de Norte de Santander con Venezuela", anotó la oficina que dirige Carlos Camargo Assís. 

La alerta temprana advierte riesgo de ocurrencia de homicidios, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil, constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, violencia sexual y basada en género, tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y reclutamiento forzado de personas con experiencia militar. 

"La Defensoría advierte que entre la población en riesgo se encuentran, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, población víctima del conflicto, comunidades étnicas (afrodescendientes e indígenas del pueblo Ette Ennaka), campesinos, migrantes venezolanos y población socialmente estigmatizada (consumidores de droga, personas que realizan actividades sexuales en contextos de prostitución)", se lee en la alerta.

La Defensoría del Pueblo que recomendó a las entidades territoriales y al Ministerio del Interior activar mecanismos de prevención como los Planes Urgentes de Reacción y Prevención en el marco de los Comités Territoriales de Prevención de los municipios focalizados. 

A las entidades territoriales, a la Unidad de Víctimas y al Ministerio del Interior les recomendó realizar balance de asignaciones presupuestales para la implementación de los Planes Departamentales y Municipales de Prevención y Contingencia. 

Al Ministerio del Interior activar el Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas. A las entidades territoriales y Ministerio de Defensa fortalecer la capacidad técnica y operativa en el territorio para garantizar la seguridad y promover el desmantelamiento de las estructuras y conductas criminales. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo le recomendó a la Agencia Nacional de Tierras consolidar un informe de titulación de baldíos para la población campesina.