El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, sostuvo este jueves que la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental en La Guajira debe ser atendida con dineros del Presupuesto General de la Nación o el Fondo Único de Soluciones Energéticas, para evitar que esos recursos salgan del aumento de las tarifas de energía para los estratos 4,5 y 6 como lo establece el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023.

En comunicado a la opinión pública, el sector productivo del Atlántico aseguró que es consciente de la compleja situación de La Guajira y la necesidad de lograr una cobertura total del servicio de energía eléctrica en ese departamento.

Sin embargo, citó que entre las consideraciones el Gobierno ha expuesto que para cumplir con ese objetivo se deben invertir $1,56 billones y que con la sobretasa de $1.000 para los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6 y de $5.000 para industriales y comerciales, el recaudo en los seis meses iniciales de su vigencia será de $51.230 millones.

“Esta suma no es representativa frente al monto de esa inversión, de manera que, con la sobretasa no resolverá el problema de la falta de energía en territorios lejanos de ese departamento”.

Para los gremios, el Decreto 1276 abre la puerta a mayores alzas en las tarifas de energía eléctrica porque al suspender los contratos de suministro de largo plazo para generadores con fuentes no convencionales en La Guajira, los comercializadores y distribuidores quedan expuestos a tener que comprarla en bolsa, lo que significa a un precio mayor por las condiciones de hoy, derivadas de los efectos de El Niño y de crecimiento de la demanda, especialmente en la Región Caribe.

Pero además, consideran que esta misma medida incentivará el incumplimiento de los contratos de compraventa de energía a futuro en toda la cadena del sistema eléctrico del país, lo que genera un factor de desconfianza en un sector cuya operación requiere reglas de juego claras y estables dada la magnitud de las inversiones que exige y la condición de esencial del servicio público que presta.

“Se trata de contratos entre privados en los que el Gobierno nacional no tiene injerencia”, agrega.

Finalmente, el Comité Intergremial del Atlántico planteó que el Consejo de Estado o a la Corte Constitucional revisen el alcance de este decreto para determinar su legalidad o constitucionalidad.