Cuando está por concluir el mandato del Presidente Iván Duque el resultado de su gestión deja un enorme lunar en lo concerniente a las obras de ampliación y modernización del aeropuerto Internacional ‘Ernesto Cortissoz’.

El hecho no puede calificarse de otra manera: ¡fracaso total!

Una grave situación de la que también es responsable la Ministra de Transporte, la barranquillera Ángela María Orozco, cuya gestión también deja resultados negativos en cuanto al puerto de Barranquilla y el adecuado proceso de la APP del río Magdalena.

Contrario a lo que pudiera pensarse, que una nativa le daría el impulso requerido, en ninguno de los tres casos los resultados han sido satisfactorios.

En el caso del aeropuerto, más han sido los anuncios y promesas que las verdaderas realizaciones.

En términos costeños, tal parece que las obras del ‘Ernesto Cortissoz’ fuesen a la ‘topa tolondra’, con graves perjuicios para los centenares de usuarios, nacionales y extranjeros, que a diario utilizan la terminal aérea.

Las molestias de los pasajeros se convirtieron en el pan de cada día, ante las incomodidades que deben sufrir por el paso lento de los trabajos, el deterioro de algunos ya realizado y la pésima infraestructura que exhibe el aeropuerto como obra inconclusa.

Todos estos hechos condujeron a la Contraloría General de la República (CGR) a realizar una Actuación Especial de Fiscalización, a finales de 2021, sobre los contratos adjudicados (concesión e interventoría), por un total de 629.324 millones 665 mil 576 pesos.

Dicha actuación estableció que la gestión realizada por la ANI “presenta deficiencias”, teniendo en cuenta que se evidenciaron debilidades en la justificación de la modificación del cronograma de obras, al acudir al “Evento Eximente de Responsabilidad (EER2)”, al igual que por la valoración de antecedentes que derivaron en la suscripción del otrosí No. 8 del contrato.

Igualmente, la CGR estableció fallas en relación con el cálculo de porcentajes de avances considerados para determinar los valores desplazados de actuaciones conforme con la metodología definida en la cláusula 7 del otrosí No. 8.

El ente fiscal también evidenció deficiencias en algunos procesos constructivos, al igual que en la realización de mantenimientos requeridos por deterioro en pisos, muros, cielo raso, principalmente, tal como de manera recurrente lo han venido denunciando los usuarios. 

El hecho cuestionado por la CGR se refiere a una reprogramación de las actuaciones y ampliación de plazos para ejecutarlas, eximiendo al concesionario de toda responsabilidad.

Pese a ello, poco después, el proceso no solo continuó en la misma tónica sino que el concesionario salió exigiendo una indemnización de 765 mil millones “para restablecer el equilibrio económico de la concesión”.

Adicionalmente, amenazó con abandonar el proyecto con las obras inconclusas.

Lo increíble del caso es que tanto la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, como el Presidente Iván Duque, manifestaron públicamente que las obras de ampliación y modernización del ‘Ernesto Cortissoz’ estaban ejecutadas en 98%, algo que está lejos de la realidad. 

Esta contratación fue adjudicada, por 610.153 millones de pesos, por el entonces presidente de la ANI Luis Fernando Andrade al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., con fecha de inicio el 15 de mayo de 2015, mientras que la terminación de la concesión está fijada para el año 2035.

Cabe recordar que el concesionario está integrado por las siguientes sociedades:

- Valores y Contratos S.A. (Valorcon S.A.), con el 41,5% de participación. Principales: Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, Jaime Alfredo Massard Ballestas y Roberto Rivas Ramírez. Suplentes: Margarita María Muñoz Palacio, Mario Marino Villa y Jorge Jaramillo Henao.

- Equipo Universal S.A., con el 41,5% de participación. Principales: Juan Francisco Herrera Bojanini, Gabriel Montoya De Vivero, Ana Lucía Dugand Ocampo, Jorge Martínez Aparicio de la Peña y Jorge Ramiro Navarro Reyes. Suplentes: María Victoria Herrera Bojanini, Silvana Margarita Montoya De Vivero, Juan Carlos Vilariño Amalfi, Juan Eduardo Vilariño Amalfi y Martha Inés Cepeda de Navarro.

- Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., con el 17% de participación. Principales: Samuel Roger Azout Papu, Álvaro Ramón González Serje, Régulo Antonio Diazgranados Lozano y Fernando Alberto Cepeda Sarabia. Suplentes: Alberto Azout Zafrani, Carlos Ernesto González Serje, Arnaldo del Valle Orozco y Alberto Rafael Cepeda Sarabia.

Entre tanto, la interventoría está a cargo del Consorcio Interaeropuertos conformado por Inzett S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), Felipe Ardila V. & Cía S.A.S. (José Felipe Ardila) y GNG Ingeniería S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), representado por Alberto Gómez Kasperson, por un valor de 19.171 millones 665 mil 576 pesos.

A este contrato de interventoría el 28 de diciembre de 2018 se le hizo una adición por valor de 2.524 millones 553 mil 903 pesos a precios constantes de diciembre de 2013, equivalentes a 3.163 millones 776 mil 799 pesos de noviembre de 2018.

En medio de este rotundo fracaso, lo que el común de la gente pregunta es: ¿Será que la Nación termina debiéndole al concesionario y le entrega una multimillonaria indemnización?