La Procuraduría General de la Nación abrió un espacio en la mañana de este martes 7 de mayo para escuchar a las comunidades con respecto al impacto negativo ambiental que está sufriendo la Ciénaga de Mallorquín, y Barranquilla en general, por el proyecto urbanístico Ciudad Mallorquín, que ejecuta Argos.  

Previo al encuentro, trabajadores de las distintas empresas que construyen los conjuntos residenciales de Ciudad Mallorquín realizaron una protesta en la zona exterior de la Universidad del Norte, al mejor estilo de los grupos políticos en el poder que utilizan a sus bases para presionar decisiones.

Es por ello que la Procuraduría autorizó la asistencia de cinco representantes, quienes al final entregaron una carta y no ingresaron a la reunión. 

La comunidad que reside en Ciudad Mallorquín tuvo una participación activa en esta reunión, y su mensaje fue que son “compradores de buena fe” y llaman la atención de por qué no se hizo algo por parte de las autoridades antes de que se expidiera el respectivo permiso por parte de la administración de Puerto Colombia. 

“Si compramos un apartamento bajo todas las reglas, cómo es posible que nos saquen de Ciudad Mallorquín por un tema ambiental. ¿Por qué dejaron que avanzara esta obra? Con sacrificio compramos y no es posible que no se puedan dar soluciones”, dijo Leonor Prada, copropietaria del edificio Speranza, que hace parte del mega proyecto Ciudad Mallorquín. 

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Por su parte, Raymundo Marenco, excandidato a la Alcaldía de Barranquilla y quien defiende el medio ambiente, sostuvo que “esto no es contra la población, es contra una constructora. Tienen el derecho a vivir dentro de un ambiente sano, pero tengan en cuenta que la obra está lesionando a otras personas. El desastre ambiental es brutal, es un ecocidio y no han dado explicaciones del vertimiento de aguas residuales en el Río Magdalena, porque señalan que esa información es confidencial es una relación privada entre la Triple A y Argos. Esto no es de hoy, es de finales de 1999. Lo que pasa es que Argos mete mano. Que haya una posición vehemente de la Procuraduría”.

Los ambientalistas que hicieron parte del encuentro recordaron que una gran cantidad de hectáreas y animales han muerto por la construcción de Ciudad Mallorquín, lo que ha afectado, por ejemplo, a los pescadores. 

El periodista Horacio Brieva, quien prendió las alarmas por este daño ambiental, señaló que “la batalla es contra Argos no contra una comunidad. El PBOT de Puerto Colombia es nulo actualmente, pero como Argos necesitaba sacar adelante la obra, el Alcalde de entonces sacó un plan que también fue demandado, de pronto si ya se hubiese juzgado, esto no habría pasado”.

Mientras que la ambientalista María Correa recalcó que “la naturaleza y la fauna no tienen dolientes. Este espacio es para que esos puntos que nos distancian los podamos abordar de manera conjunta. Necesitamos que se suman a defender el patrimonio ambiental. El ecosistema no debió ser intervenido. En total son 239 hectáreas, de las cuales han sido intervenidas 90. Queremos que no se siga construyendo. No pretendemos que las personas pierdan sus viviendas, sino que queremos que los responsables sean identificados”.

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Además, los ambientalistas también pidieron una audiencia pública ambiental convocada por el Ministerio Público para que hagan presencia el Ministerio de Ambiente, la ANLA y otras autoridades ambientales. 

El delegado del ministerio de Vivienda, Nelson Muñoz, indicó que tomarán apuntes y llevarán el mensaje a Bogotá. El Ministerio de Ambiente guardó silencio.

Al finalizar el encuentro, la Procuraduría realizará una visita técnica a Ciudad Mallorquín.