![Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.](/sites/default/files/styles/1280_x_530_noticia_interna/public/2024-08/Ni%C3%B1o_0.jpeg?h=7198a107&itok=51xrL9iD)
Detener exportación de carbón a Israel "debilita confianza en Colombia": Mineros
ACM considera que es una amenaza directa a la libre empresa y competencia.
Ante la prohibición de exportar carbón a Israel, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su preocupación, ya que transgrede los compromisos internacionales adquiridos por el país y representa "un grave precedente para la seguridad jurídica y una amenaza directa a la libre empresa y competencia".
Recordó que el TLC con Israel prohíbe expresamente la adopción de restricciones o prohibiciones a la importación o exportación de mercancías, salvo en circunstancias excepcionales y comprobadas, como una escasez aguda de bienes esenciales.
Para la ACM este no es el caso e indica que la medida pone en riesgo los Acuerdos de Libre Inversión con Suiza y Estados Unidos, que protegen las exportaciones de las compañías de carbón en Colombia.
"El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones", afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
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"Esta medida debilita la confianza en los compromisos internacionales de Colombia y aumenta la incertidumbre para la inversión", agregó.
En 2023 las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron el 5% del total de exportaciones de este mineral, lo que equivale a 447 millones de dólares. La cifra es equivalente a la totalidad de las exportaciones de Colombia al Reino Unido, 1.2 veces las exportaciones de rosas y 2.2 veces las de aguacate hass.
Asimismo, en términos fiscales esta medida podría significar una reducción de aproximadamente 650 mil millones de pesos en impuestos, regalías y contribuciones para el país. Las regiones de La Guajira y el Cesar se verían particularmente afectadas, ya que dejarían de percibir más de 100 mil millones de pesos. Este aporte fiscal es equivalente al 31% de lo que contribuye en renta todo el sector TIC y al 20% del aporte del sector de la construcción.
“La firma de este Decreto refleja que el Gobierno no tiene en cuenta los comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que debe fortalecer la participación efectiva”, afirmó Nariño.